España afronta este miércoles el décimo día de huelga de transportistas, que en los últimos días ya se ha materializado en una crisis de abastecimiento en los supermercados. El incremento del precio de la gasolina, disparado de forma definitiva tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, fue el detonante definitivo para que parte del sector se haya movilizado para reclamar medidas que les permita desarrollar su trabajo con total normalidad.

Hace tan solo dos días, Gobierno y transportistas se sentaron a negociar para poner fin a esta huelga. El Ejecutivo ofreció una reducción "efectiva" en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros. Esta solución, no obstante, no fue suficiente para el sector del transporte y anunciaron que continuarán con el paro de forma indefinida. Una paralización del sector al que, además, se unieron varias grandes patronales, además de un parón en el sector pesquero.

Este parón indefinido está comenzando a tener graves consecuencias en nuestro país: económicas, de abastecimiento y sociales. En conjunto, se está generando una crispación que no deja de multiplicarse y cada día más voces piden un nuevo "estado de alarma" como ya hizo en el año 2010 en entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para dar respuesta al cierre del espacio aéreo provocado por la huelga de controladores.

La sombra del estado de alarma sobrevuela la huelga del transporte

El 4 de diciembre del año 2010, el Gobierno de Zapatero declaró el estado de alarma por primera vez en la etapa de la democracia para poder hacer frente a la crisis aérea generada tras la huelga de controladores aéreos. El día antes de implantar la medida, los controladores abandonaron sus puestos y el 4 de diciembre se cerró el espacio aéreo español y la suspensión del transporte aéreo de personas, que afectó a 600.000 ciudadanos. Fue esto lo que motivó a que el Ejecutivo se viera obligado a tomar dicha medida.

Los controladores pasaron a estar "movilizados" dependiendo de la jurisdicción militar durante quince días. No obstante, el mismo día que se aplicó el estado de alarma, poco después del acuerdo del Ejecutivo, se reabrió el tráfico tras permanecer veinte horas cerrado y ya comenzaron a despegar aviones.

Ahora, y en medio de una huelga de transportistas que ya está poniendo en peligro el abastecimiento de cientos de supermercados en todo el país. El presidente electo del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió la intervención del Ejército y la Policía para paliar los efectos de los paros, así como para establecer "corredores seguros" para todos aquellos alimentos perecederos. Para ello, en cualquier caso, sería necesario poder decretar un estado de alarma similar al que ya se aplicó en el año 2010.

Si bien es cierto que la ministra de Defensa, Margarita Robles, descartó ayer que el Ejército fuera a intervenir de ninguna forma en la huelga de transportistas para poder garantizar el abastecimiento, no se trata de una posibilidad que pueda descartarse del todo. Evidentemente, no son más que especulaciones y aún no se conoce el posible alcance de este parón indefinido, pero la realidad es que será necesario ver cómo evolucionan las negociaciones para conocer el veredicto final que consiga poner punto y final a ese conflicto.