Un portavoz del Sindicato de Inquilinos juzgado por coacciones en la ocupación reivindicativa de un local ha defendido este lunes que la protesta fue "pacífica y festiva", para buscar el diálogo con unos grandes propietarios que sometían a una pareja a una "angustiante" situación de acoso inmobiliario.

El portavoz Jaime Palomera, junto a los dos inquilinos afectados y afiliados del Sindicato, se han sentado hoy en el banquillo acusados de un delito de coacciones por montar supuestamente una campaña de "hostigamiento" a los dueños de un piso de Barcelona que se negaba a prorrogarles el alquiler y que aseguran intentaba expulsarlos de la vivienda manteniéndola en condiciones inhabitables.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para el portavoz del Sindicato y los dos inquilinos, a quienes decenas de personas han expresado esta mañana su apoyo en una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

La campaña reivindicativa que ha llevado al banquillo a estos tres miembros del Sindicato se centra en la ocupación, en octubre de 2018, de un local del Instituto de Belleza Francis en Barcelona que pertenece a la familia propietaria del piso y donde, según la Fiscalía, permanecieron entre 30 y 40 personas durante cuatro horas hasta que arrancaron un compromiso para renegociar el alquiler.

La familia propietaria, ha explicado la defensa, fue la primera sancionada por el Ayuntamiento de Barcelona por acoso inmobiliario -con una multa de 90.000 euros- por el estado de abandono de la vivienda, que Palomera ha descrito como "dantesca", con tuberías que escupían aguas fecales contra las ventanas, una plaga de termitas, ratas en el patio de luces y sin agua potable.

La "situación de angustia terrible" que sufría la pareja motivó, según el acusado, que el Sindicato tratara de "establecer un diálogo" con los dueños del piso, que, ha recordado, cuentan con más de cien propiedades y son una de las 29 fortunas de Cataluña en los sectores inmobiliario y cosmético.

"Estaban una situación de vulneración de derechos humanos muy grave, que no deseo a ningún ser humano", ha añadido el activista, que sostiene que ante sus intentos de dialogar la propiedad reaccionó con "falta de empatía y humanidad" y "desprecio" hacia el Sindicato.

Por ese motivo, ha añadido, se organizó la ocupación del local de belleza que los propietarios tienen en la plaza Urquinaona de Barcelona no solo para buscar el "diálogo" con ellos, sino también para reclamar al Gobierno reformas legales que impidan los llamados "desahucios invisibles", que no constan en los registros oficiales, pero "expulsan de su casa a numerosas familias sin haber hecho nada para merecerlo".

Finalmente, ha precisado, acudió al local un representante de los propietarios, que propuso una reunión en el Colegio de Abogados para "hablar tranquilamente", y se dio por terminada la ocupación.

Por su parte, los dos inquilinos acusados han detallado el estado insalubre en que los propietarios mantenían la vivienda: "Cada vez que un vecino tiraba de la cisterna llovía caca en nuestra casa y, además, el agua no era potable. Durante seis años, sin saberlo, hemos estado bebiendo agua con plomo", ha declarado la procesada.

Según su versión, la inmobiliaria que gestionaba el inmueble -situado en el barrio de Sant Antoni, donde el precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años- adujo que no podían renovarles el alquiler porque al piso iban a vivir familiares de los propietarios, pero cuando los inquilinos intentaban reunirse con ellos les deban "respuestas evasivas".

En el juicio ha declarado como testigo Ana Maria Fradera, propietaria junto a sus hijos de la vivienda en cuestión y quien ha explicado que fue "muy desagradable" que a raíz de la ocupación se publicara el caso en los medios.

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También lo ha hecho su hija, Ana Maria Mas-Beya Fradera, gerente del Instituto de Belleza Francis, quien mantiene que se sintió "intimidada y amenazada" durante la protesta y tuvo que ser atendida por un equipo médico por un ataque de ansiedad.

Su versión la ha corroborado el abogado de la familia, que ha afirmado que los concentrados profirieron insultos y amenazas contra la familia propietaria, mientras que una trabajadora ha testificado que se sintió "intimidada" por la protesta, aunque los Mossos d'Esquadra que gestionaron la movilización han precisado que la situación era "molesta", pero que los activistas no mantuvieron una actitud "agresiva ni hostil" ni "expresiones intimidatorias".