El Gobierno no puede ofrecer información fiable de lo ocurrido en las residencias de mayores ni en los centros sociales. Así figura en un documento de conclusiones de Sanidad al que ha tenido acceso COPE, en el que reconocen errores y dificultades del sistema, así como el incumplimiento por parte de las Comunidades Autónomas de la obligación de comunicar e ir actualizando el número de fallecidos.

“La calidad de los datos dificulta su difusión”. Es negro sobre blanco lo que recoge esa presentación de Sanidad en la que admiten que la información que han manejado estos últimos cuatro meses incluye fechas incoherentes, información deficiente, ausencia de datos en las causas de fallecimiento de los residentes, errores en la suma de residentes de los centros intervenidos y discrepancias de datos evolutivos. O lo que es lo mismo, que “los datos agregados que debían incrementarse en algunas Comunidades Autónomas disminuyen en los informes”.

Además, y, según subrayan en el documento en el que no citan los nombres de las regiones incumplidoras, “una Comunidad Autónoma no ha notificado nunca los datos y alguna no lo ha hecho durante la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo” en la plataforma “poco amigable” desplegada por Sanidad para que hicieran llegar sus cifras.

El resultado es, una vez más, que las cifras no cuadran. Lo más grave, de nuevo, el número de fallecidos. Y es que según lo reportado por las Comunidades Autónomas, el total de fallecidos hasta el 20 de junio se situaría en 27.000, de los cuales casi 19.000 imputables al COVID-19. Pero otras fuentes sitúan cerca de las 33.000 las personas fallecidas en las residencias y centros sociales durante la pandemia, algo que Sanidad define como “discrepancias” que son importantes, ya que la diferencia es del 20 por ciento.

Por no saber en el departamento que dirige Salvador Illa, quizás tampoco las Comunidades Autónomas saben ni cuántos centros residenciales hay en este momentoen España.“Hace falta un censo actual y preciso”, señala el mencionado documento. Y no sólo, también poner en marcha “un sistema de información fiable, accesible, sustentable y transparente”.

Según ha señalado este martes la ministra portavoz María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, el documento "es un borrador que no está ni consolidado ni completado,y en cuanto esté consolidado se dará a conocer, tal y como prometió el ministro de Sanidad, Salvador Illa".

La opinión de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales

Pese a ello, la constatación de Sanidad, que a día de hoy sigue sin haber podido reunir esa información, es un grave problema, según lamentan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Su presidente, José Manuel Ramírez, explica a COPE que una de las consecuencias es que al no tener datos fiables “estamos en la casilla de salida a nivel de evidencia científica”.

Y así, señala, “a nosotros nos parece importante porque nos gustaría buscar un patrón de las residencias, saber por ejemplo si las residencias de las monjitas han funcionado mejor o se han registrado menos fallecidos que en las grandes o que en las pequeñas o en las gestionadas por autónomos o en las que están más medicalizadas, pero es que no tenemos nada”.

A su juicio, “el problema es del Ministerio por no ejercer su autoridad, que en ese momento estaba en marcha el mando único y también las Consejerías de Sanidad, que no entiendo cómo se les ha permitido esto”, subraya Ramírez.

De cara al futuro y para que no vuelva a ocurrir lo mismo en caso de nuevos brotes, aboga por adoptar medidas de forma “urgente y con carácter inmediato”, entre ellas, implantar un sistema de alerta temprana y de seguimiento unificado de recogida de datos en todo el Estado para evitar una posible manipulación de datos a cargo de las entidades de gestión y/o de las Comunidades autónomas y obtener datos homogéneos y comparables.

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También recomiendan, lejos de entrar a debatir sobre qué modelo ha funcionado mejor, que se hagan estudios anónimos con base científica para ver dónde se han tomado las decisiones acertadas, las que más han protegido a los residentes.

Y a la luz de lo sucedido y de cara a posibles rebrotes, defienden establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención médica a a la que tienen derecho los residentes, valorando varias posibilidades, entre ellas, “confinamiento en residencias con atención sanitaria allí, el traslado a los residentes que den positivo a centros especializados en el tratamiento del COVID y, cuando sea necesario, su hospitalización”.