Existen proyectos arriesgados que antes de lanzarlos tienen garantizada la controversia. Todos los Gobiernos lo asumen y el de Pedro Sánchez, también. La pretendida reforma exprés de la ley para lograr la renovación de un Consejo General del Poder Judicial en funciones va a suscitar un debate a todas luces enconado con la Oposición, particularmente con un PP que sería orillado incurriendo en una artimaña de gran trascendencia, letal para la imagen de la Justicia.

Porque La Moncloa ha decidido tirar por la calle de en medio y echar mano de una argucia que ha llegado a despertar serias dudas legales en el seno mismo del Gobierno para sortear la mayoría de tres quintos exigidos hasta ahora en el Congreso y el Senado. En muy pocos asuntos ha demostrado Sánchez su obsesión como en alcanzar la renovación de institucionales. Y ha evidenciado en particular que de ninguna manera piensa renunciar al Poder Judicial. Más aún después de la reciente renovación por el órgano de gobierno de los jueces de media docena de vacantes del Supremo, tres de ellas de la Sala Penal, la que investiga y juzga a los aforados, y otras tres para las presidencias de las salas de lo Social, Contencioso-Administrativo y Militar.

El Gobierno no pudo hacer como si nada, simulando su respeto a la separación de poderes. Los nombramientos cayeron como un misil en La Moncloa. El entorno del Presidente fue preso del malestar. Era el momento de mover ficha. El plan llevaba semanas madurándose en manos de Carmen Calvo con apoyo de Juan Carlos Campo. Solamente parecía esperaba la indicación de Sánchez y la dio el pasado viernes en su comparecencia desde Bruselas. “Es mi intención y mi voluntad”, explicitó, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La operación consistiría en hacer que los 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera judicial pudiesen ser nombrados por mayoría absoluta, esto es, sin el concurso de los populares, toda vez la otra parte, los 8 restantes, juristas de “reconocida competencia”, está blindada en la Constitución por los exigidos tres quintos. Ello arrojaría, qué duda cabe, una realidad institucional cuanto menos singular. De no llegar tan lejos en la reforma, la aspiración pasa por limitar las decisiones de un CGPJ con mandato caducado, como es el caso de la actual institución “en funciones” desde hace 2 años.

Bajo el empuje de Unidas Podemos, y descontado el apoyo de la mayoría de la investidura – Calvo se ha encargado de sondear a los grupos parlamentarios en su ronda de contactos -, falta situar la reforma de urgencia de la LOPJ en la pista del Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales aspiran a emprender las modificaciones “cuanto antes”. Está por ver con el Ministerio de Justicia concentrado ahora en completar las rebajas de los delitos de sedición y de rebelión del Código Penal para tramitarlas en paralelo a los Presupuestos de 2021. En la sala de máquinas de La Moncloa asumen que “no puede haber relajo ni distracción”. Y es que Pedro Sánchez quiere llegar a la próxima primavera con la travesía de la Legislatura allanada.

Ante lo que pueda ocurrir, el PSOE lanzaba este fin de semana una campaña en redes sociales bajo el hashtag #BloqueoPPInstitucional para apuntalar el relato según el cual Pablo Casado elude respetar la Constitución, ametrallado bajo acusaciones de “desleal”, de “antidemocrático” o de ejercer “un secuestro que no permite avanzar España”. En definitiva, la culpa es del PP como coartada del atajo con el que Pedro Sánchez pretende invadir el Poder Judicial.