En la política americana suele emplearse la onomatopeya “flip-flopping” para ilustrar los vaivenes que dan sus dirigentes. En España podría compararse con la frase “donde dije digo, digo Diego”, utilizada para rectificar una afirmación o desdecirse. Esta podría servir para resumir los primeros 100 días del Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo “bonito” que ha dejado más gestos que acción, porque una cosa es la puesta en escena y otra gobernar una nación.

El aval de 180 diputados permitió al secretario general de los socialistas acceder a La Moncloa el pasado 1 de junio con el aval de Podemos, Compromís, PNV, Bildu, PdeCAT, ERC y Nueva Canarias. Puso fin así al mandato de 7 años de Mariano Rajoy, desencadenando su despedida de la política activa tras 40 años de servicio. Por primera vez su partido convocó un proceso de primarias para elegir a su sucesor, que finalizó con la elección de Pablo Casado como rector de Génova 13.

Sánchez anunció entonces un Gobierno “feminista y progresista”, con mayoría de mujeres, un escritor-periodista y hasta un astronauta. Pero los acontecimientos posteriores acabaron lastrando su puesta en escena.

LA DIMISIÓN DE HUERTA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORAS SEXUALES

A penas seis días después de que prometiera su cargo en el Palacio de la Zarzuela, el titular de Cultura y Deporte se veía obligado a dimitir por haber defraudado más de 200.000 euros a Hacienda. Según destapó 'El Confidencial', el presentador, que ganaba cerca de 300.000 euros al año en Mediaset, creó una sociedad interpuesta para no declarar estos ingresos mediante el IRPF. Para evitar su tipo máximo –el 48%– acudió al impuesto de sociedades, acogiéndose a un tipo inferior -del 20%-.

Además, Huerta se desgravó mediante esta empresa la compra y los gastos de un apartamento en la playa, una inversión personal que no tenía nada que ver con la actividad de su sociedad.

Estos hechos desencadenaron su dimisión. Tras llegar a la Moncloa a costa de la corrupción, Sánchez no podía permitirse ni una mácula en su Gobierno.

La dimisión de Huerta no fue la única. Esta semana se produjo la salida de la exdirectora general de Trabajo Concepción Pascual después de que le diera carta de legalidad al sindicato OTRAS, “Organización de Trabajadoras sexuales”. Su publicación en el BOE indignó a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que reconoció que le habían “colado un gol”, pues su partido se ha posicionado a favor de abolir la prostitución y sacar adelante una ley contra la trata.

RENUNCIOS Y POLÍTICA DE DECRETAZOS

La fragilidad parlamentaria del Gobierno de Sánchez, con 84 diputados en el Congreso, se advirtió desde el primer momento. Esto lo ha llevado a gobernar a base de decreto ley, pese a ser un instrumento normativo previsto para regular situaciones de extraordinaria y urgente necesidad como sería una catástrofe medioambiental. En solo un trimestre ha firmado siete, entre los cuales se encuentran 4 que han suscitado gran polémica: el de renovación del consejo de administración de RTVE, el de recuperación de la sanidad universal, el de violencia de género y el de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Por otro lado, Sánchez se ha visto obligado a renunciar a algunas de sus promesas electorales como la derogación de la reforma laboral o la publicación de lista de personas acogidas a la amnistía fiscal, que desde 2014 venía criticando del Gobierno de Rajoy.

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LA PRIMERA CRISIS DE GOBIERNO POR RTVE

Se presentaba como la primera medida estrella del recién formado Ejecutivo y acabó en un tremendo fiasco. La despolitización de RTVE derivó en la cesión de su control a Podemos, que tras un baile de nombres concluyó con la designación como administradora única provisional del ente público de Rosa María Mateo, que permanecerá en el cargo hasta que se decida su consejo de administración.

Desde su toma de posesión, la política de destituciones y nombramientos ha dado lugar hasta a un manifiesto en el que más de 50 profesionales de RTVE denuncian el “intolerable número de ceses y nombramientos afines” que “no se corresponden con la condición de provisionalidad de la administradora única” y en el que denuncian “las anomalías de este proceso” que, en su opinión, no cumple con “los parámetros de transparencia y imparcialidad debidos”.

LA EXHUMACIÓN DE FRANCO

En la primera entrevista que concedió a la televisión pública tras ser nombrado presidente del Gobierno, Sánchez dijo que una de las prioridades de su Gobierno sería la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, a la que procedería a la máxima urgencia.

En un inicio iba a desenterrarse antes de que finalizase el mes de julio, después anunció que se llevaría a cabo en agosto mediante un decreto que no llegó al último Consejo de Ministros celebrado antes de las vacaciones estivales, y finalmente se despachó con un aplazamiento para después del verano. "Si hemos esperado 40 años, no importará esperar unos días más", dijo el presidente del Gobierno.

EL AQUARIUS Y LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

Como ha venido haciendo en otras materias, la inmigración ha sido testigo de las contradicciones del presidente. Si bien empezó su mandato acogiendo a los inmigrantes del Aquarius, apenas dos meses después devolvía en caliente a las 116 personas que saltaron la valla de Ceuta.

El Gobierno giró así 180 grados, pasando de afearle a Rajoy estas devoluciones a practicarlas. En el camino, 116 personas fueron expulsadas sin aplicarles ninguna de las protecciones y garantías que contempla la legislación de extranjería.

LAS RECTIFICACIONES POR EL IMPUESTO AL DIESEL

“Lo importante no es si se rectifica, lo importante es si se acierta”, dijo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En esta materia el Gobierno es experto. Al mismo tiempo que Pedro Sánchez anunciaba un impuesto al diésel, la ministra de Industria, Reyes Maroto, lo calificaba de “globo sonda”. La contradicción entre uno y otra obligó a Maroto a rectificar más tarde en su cuenta de Twitter, diciendo que apoyaba “plenamente el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente de incorporar la fiscalidad del diésel en los Presupuestos de 2019 que estamos elaborando (…)".

Apoyo plenamente el anuncio que ha hecho el presidente @sanchezcastejon de incorporar la fiscalidad del diésel en los presupuestos de 2019. pic.twitter.com/iGXhv4VA7G

— Reyes Maroto (@MarotoReyes) 3 de septiembre de 2018

SÁNCHEZ CORRIGE A DELGADO POR LA DEMANDA CONTRA LLARENA

El Gobierno también se ha visto obligado a rectificar a propósito de la demanda civil que Puigdemont y otros cuatros exconsejeros huidos interpusieron en Bélgica contra el juez Llarena, a quien acusaron de no respetar su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo por afirmar que no son “presos políticos”. Una matización razonable, pues lo contrario equivaldría a decir que se les investiga por hechos sin relevancia penal, lo cual convertiría la instrucción en un atentado contra el Estado de Derecho.

Si bien en un inicio la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dijo que el magistrado debía sufragarse su defensa, más tarde la Moncloa se vio obligada a rectificarla -señalando que la asumiría el Estado- debido a la presión ejercida contra ella por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Una situación que llevó al PP a solicitar su cese, siendo el primer miembro del Gobierno en ser reprobado por la oposición.

POLÍTICA DE CESIONES AL INDEPENDENTISMO

Los coqueteos de Sánchez con los independentistas catalanes, a quienes le debe su ascenso a la Moncloa, han ido en aumento desde el inicio de la legislatura. Durante estos meses no solo se ha levantado el 155, descongelado las cuentas de la Generalidad o celebrado cumbres bilaterales entre el Ejecutivo central y el autonómico que no han servido para desatascar el atolladero.

Este lunes el presidente del Gobierno sorprendía en una entrevista en la Cadena Ser con una solución para apagar el fuego independentista: un referéndum de autogobienro que quiere volver al Estatuto de Autonomía que el Tribunal Constitucional anuló por atentar contra la Carta Magna, y que entre otros extremos preveía un órgano de gobierno del Poder Judicial propio o el uso preferente de la lengua catalana.

El mismo ha sido rechazado por Quim Torra, que ha vuelto a amenazar con volver a la desobediencia si el Gobierno de Pedro Sánchez no acepta celebrar un referéndum de autodeterminación vinculante y promover la liberación de los presos independentistas.