Salud negociará un nuevo convenio colectivo para las fundaciones biomédicas y defiende que "seguirán siendo públicas"
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La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha adelantado que la Junta, en colaboración con las universidades, impulsará la negociación de un nuevo convenio colectivo para "mejorar" las condiciones laborales de los profesionales de las seis fundaciones que gestionan la investigación biomédica y las ciencias de la salud del sistema sanitario público de Andalucía: Fisevi, Fimabis, Fibao, Fcadiz, Fibico y Fabis.
Así ha respondido la consejera a la pregunta planteada en comisión por la socialista María Isabel Aguilera sobre la pérdida de la representación mayoritaria de la Junta de Andalucía en las fundaciones públicas andaluzas de investigación biomédica, toda vez que ha insistido en que en Andalucía "no se ha privatizado la investigación biomédica y, mucho menos, ninguna medida puesta en marcha ha tenido una influencia negativa en las condiciones laborales de los profesionales de este ámbito".
De este modo, Aguilera ha criticado que el 27 de julio se modificara "en pleno verano" la composición del patronato de estas fundaciones, "de espalda a los trabajadores y trabajadoras, como ellos mismos denuncian, y además vulnerando el derecho a la información y a la participación de los comités de empresas de estas fundaciones públicas".
"Nos parece poco honesto que insista en negar el proceso de privatización progresiva, cuando lo que hay es una amalgama de entidades que nada tienen que ver con el sector público andaluz y además la representación de las empresas ha aumentado", ha manifestado la diputada socialista, quien ha tachado de "argumento absolutamente falso" el de "los beneficio que debe arrojar esta privatización de las empresas de investigación biomédica diciendo que se va a mejorar la eficiencia y la agilidad de las mismas".
Además, ha lamentado que "el 80% de las contrataciones se han parado bajo la ley de la ciencia que no existe", un argumento "absolutamente falto también".
"La privatización de las fundaciones Fibao, Fisevi y Fimabis en la administración pública ha provocado dos reacciones inmediatas. La primera es que se ha quedado al margen de la fiscalización del sector público, lo que implica una relajación en los controles de las contrataciones de personal, de suministros, de bienes y servicios", y lo segundo es que "se pierde la garantía de independencia de sus actividades y que el resultado de estas actividades de investigación reviertan en la salud pública".
"No puede dejar en manos de la privada algo tan importante", le ha espetado Aguilera a la consejera de Salud, quien ha respondido pidiéndole "coherencia", porque "si vamos a adaptar Fimabis, Fibao y Fisevi es lo mismo que ustedes hicieron con Fibico, Fcadiz y Fabis". "Uniformidad en la composición de los patronatos de las seis fundaciones implica mejorar su gestión, así como mayor agilidad y transparencia, conservando su carácter público a través de la mayoría de los patronatos nombrados por la Junta y la universidad".
"Le adelanto que la Junta, en colaboración con la universidades, impulsará la negociación de un convenio colectivo nuevo para mejorar las condiciones laborales", ha destacado, para añadir que "todo, lo que viene a garantizar es que esas entidades van a seguir siendo públicas". "Van a tener un convenio colectivo mejorando sus condiciones y, en consecuencia, el Consejo de Gobierno lo que autorizó fue que todas tuvieran las mismas condiciones".