El conocido como caso Azud tiene su origen en una denuncia anónima que recibió la Fiscalía Anticorrupción en 2017 y hasta 2019 la causa se centró en la figura del letrado y cuñado de Rita Barberá José María Corbín, aunque el proceso adquirió una nueva dimensión tras los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución).

En el despacho de esta firma, propiedad del empresario Jaime Febrer, en prisión desde el pasado sábado, se halló documentación que ha permitido llegar hasta el que fue "número dos" en los sucesivos gobiernos de Barberá, Alfonso Grau, y también a al durante muchos años figura clave de la oposición, el socialista Rafael Rubio.

Según han explicado a EFE fuentes judiciales, la documentación hallada en las oficinas de esta constructora, junto con los dietarios intervenidos a Febrer, son la clave de bóveda con la que se ha logrado determinar el verdadero alcance de una red supuestamente corrupta, que se servía de contactos políticos para allanar operaciones inmobiliarias.

El Grupo CVC Axis estuvo legalmente administrado por un familiar del empresario detenido, está en concurso de acreedores desde septiembre de 2020 y ha tenido un máximo de dos empleados en los últimos años.

Fue el rastro de la actividad de Corbín, que ejerció como supuesto mediador, el que ha llevado a los investigadores hasta el entorno político más cercano de la entonces alcaldesa y también hacia los empresarios implicados.

El dietario del constructor era muy preciso en sus anotaciones, que incluían no solo personas y citas, sino que asociaban, a los nombres, teléfonos y correos electrónicos, incluso cantidades pagadas, regalos y a quién se entregaban y en relación con qué operaciones que debían encontrar vía libre, añaden las fuentes.

En cuanto al Ayuntamiento de Valencia, se investigan varias operaciones, entre otras las relacionadas con el PAI del Grao y el circuito urbano de la Fórmula 1; un macroproyecto con el que se pretendía compensar el coste del circuito automovilístico.

La compraventa de los terrenos en este sector es una de las operaciones que centra la investigación del caso, y se apunta al hundimiento del precio del suelo tras la crisis de 2008 como una de las claves que explica el contexto y las causas en las que se desarrolló la trama.

Aunque ninguno de los detenidos ha colaborado con la Guardia Civil ni con la Justicia, circunstancia bastante habitual cuando los sumarios están secretos como es el caso, los abogados de los acusados a quienes se pedía el ingreso en prisión preventiva sí tuvieron ocasión de hojear -en virtud de un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional- las partes de la causa en las que se sustenta dicha medida cautelar.

En la práctica, los letrados de Alfonso Grau o Rafael Rubio, entre otros, pudieron leer en sede judicial algunos documentos incautados sobre los que se sustentan los indicios de delito, básicamente correos electrónicos, según ha podido saber EFE.

La causa, declarada secreta y abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, ha llevado a la detención del exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafa Rubio (PSPV-PSOE), quien fue suspendido de militancia tras ser detenido, y del exvicealcalde de Valencia durante la época de Rita Barberá, Alfonso Grau (PP).

Rubio y Grau ingresaron en prisión el fin de semana, así como tres empresarios detenidos, entre ellos Jaime María Febrer, después de que la jueza que instruye el caso dictara prisión provisional, incomunicada y sin fianza para los cinco, al apreciar riesgo de destrucción de pruebas y de fuga en alguno de los casos.