PSOE y Junts llegan a un acuerdo "político" por el que Pedro Sánchez será investido como presidente del Gobierno en los próximos días. Es a grandes rasgos lo que se conoce de este pacto alcanzado en Bruselas ¿Y qué dice este acuerdo? Pues pocos detalles: una ley de amnistía al procès desde 2012 hasta hoy, un verificador de todas las negociaciones y una mesa de trabajo en la que Junts insiste en celebrar un referéndum sobre Cataluña además de la cesión de la gestión del 100% de todos los tributos.

Según el documento se reconocerían en un principio sus "profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender".

Por un lado, Junts consideraría "legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017".

Por el otro, el PSOE negaría "toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones".

Con este acuerdo, que llega tras semanas de intensas negociaciones, Junts se compromete a que sus siete diputados voten a favor de la investidura de Sánchez, al que sólo le restaría cerrar un pacto con el PNV para amarrar su continuidad en el Palacio de la Moncloa.

Ahora bien, el texto concluye que la estabilidad de la legislatura estará sujeta a los avances y el cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones que las partes se han comprometido a iniciar.

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Supuesto 'lawfare': Boye, Borràs o los Pujol

El acuerdo contempla una ley de amnistía al procès desde 2012 hasta hoy que, según apunta, podría acabar incluyendo los supuestos casos de 'lawfare' "o judicialización de la política", entre los que se contarían los del abogado Gonzalo Boye, la presidenta de Junts, Laura Borràs o el clan Pujol.

El acuerdo vuelve a situar el origen del "conflicto" en la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 anuló varios artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, a partir de ahí, hace un relato de hechos --del 9-N al 1-O-- que propiciaron "múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan a un gran número de personas" y que "han tenido una incidencia política relevante".

Justifican la ley de amnistía en la necesidad de "procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Y precisan que, para ello, "debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".

Aunque no detallan quiénes, sí avanzan que durante la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación cuyas conclusiones se tendrán en cuenta para "la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Verificador de todas las negociaciones

Ambas formaciones habrían acordado "dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

El PSOE reconocerá el desarrollo del Estatut de 2006

El Partido Socialista también defenderá el "amplio" desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2002, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña. Además, la formación a través de un punto incluido en este acuerdo reconoce una "guerra judicial" contra los independentistas.

Junts insiste en el referéndum

El acuerdo recoge que en la primera reunión de negociación, a celebrar en este mismo mes de noviembre, Junts propondrá en pro del reconocimiento "nacional" de Cataluña la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre su futuro político "y amparado en el artículo 92 de la Constitución".

El citado artículo establece que el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso", y que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Carta Magna.

Cataluña en las instituciones europeas

En el citado 'contrato' ambos partidos se comprometen a ampliar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, "particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia" en Cataluña.

Además, el texto contempla acuerdos a negociar en el ámbito de los "déficits y limitaciones del autogobierno".

Cesión de los tributos catalanes

En este sentido, los de Puigdemont plantearán "de entrada" una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para establecer una "cláusula de excepción" de Cataluña que reconozca la "singularidad" en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del "100%" de todos los tributos que se pagan en Cataluña.

Sobre este punto, el PSOE apostará, por su parte, por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo "singular" sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre esa comunidad.

En este ámbito, los socialistas abogarán por un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.

El PSOE contacta con ERC

En este contexto, el PSOE ha contactado con ERC para trasladarles los cambios que deberán llevar a cabo en el redactado de la ley de amnistía tras el acuerdo alcanzado entre los socialistas y Junts.

La semana pasada, el líder de ERC, Oriol Junqueras, explicó que la amnistía que habían cerrado con los socialistas era "para todo el mundo, sin exclusiones ni excepciones para todos los que participaron en el 9N, el 1-O, Tsunami Democràtic, CDR y los que participaron en actos de protesta en contra de unas sentencias que eran injustas".