El crimen de Lardero ha conmocionado a toda la sociedad española. Francisco Javier Almeida, el presunto asesino de un niño de nueve años en el municipio de La Rioja, se encontraba en situación de libertad condicional desde el 8 de abril de 2020. Cumplía una condena de 30 años de prisión por asesinar y agredir sexualmente a una agente inmobiliaria en 1998, un caso brutal.

La sentencia del 'crimen de la inmobiliaria', como se le denominó al caso, reza que Francisco Javier Almeida acabó asestando 16 puñaladas “con ánimo de excitarse”. Una vez malherida la joven de 26 años, “la despojó de su ropa interior, le dio nuevos cortes en mentón y en línea mamaria, le mordió los labios y eyaculó sobre ella” para, a continuación, asestarle de una puñalada mortal en el corazón.

La pregunta ante este tipo de crímenes execrables es la de sí cabe o no posibilidad de reinserción para los delincuentes que vinculan violencia y sexo. Si podemos creer o no en la aptitud reeducadora de las prisiones y su habilidad para ofrecer al preso las condiciones para una futura reinserción social.

El artículo 25 de nuestra Constitución establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Sin embargo, este nuevo capítulo entre los fracasos de las políticas penitenciarias vuelve a situarnos frente a una tesitura: ¿es posible la reinserción de todos los presos?

La psicóloga forense y vicedecana en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Timanfaya Hernández, en conversaciones con COPE ha apuntado que “existen, indudablemente, casos en los que es muy difícil alcanzar la reinserción”, y ha destacado –a su vez– que desde un punto de vista psicológico “podremos hablar de una mayor o menor dificultad” a la hora de alcanzar ese estado.

Según Hernández, “lo primero que tenemos que distinguir desde la disciplina psicológica es que no todas las personas que cometen un delito por abuso o agresión sexual, lo comenten por el mismo motivo”. Esto significa que “puede haber una situación de consumo, situaciones de base de personalidad que están alterados, trastornos de personalidad, trastornos específicos que tienen que ver con el ámbito sexual...”.

La vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha señalado también que en prisión existen tratamientos individuales que, en muchas ocasiones, “son de carácter voluntario”. Del mismo modo, durante la conversación con COPE ha insistido en que “lo prioritario en estos casos es hacer una evaluación correcta para poder implementar el tratamiento psicológico oportuno. Esto nos va a permitir, según bibliografías científicas y protocolos, predecir con acierto cuál es el porcentaje de reincidencia en cada caso. Esto es fundamental”, ha remarcado.

Timanfaya Hernández ha incidido en la idea de que la reinserción, desde un punto de vista social, “causa mucho impacto cuando hablamos de delitos muy graves en las que, normalmente, están acompañadas de alteraciones que son muy particulares y como tal tienen que estar tratadas”. Por este motivo, la experta ha querido darle una importancia capital a los “procesos de valoración”, los cuales “deben de estar dirigidos por profesionales que tengan una capacitación específica para realizar estos diagnósticos en el ámbito penitenciario que son, más tarde, expuestas en una junta de tratamiento”.

“El problema no es que no se puedan reinsertar, sino que en muchas ocasiones no contamos con los recursos necesarios para poder garantizar esa reinserción”, ha remachado.