Ciudadanos ha presentado hoy una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno condene la dictadura venezolana del presidente Nicolás Maduro y aplique el Régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas a los exiliados de aquel país.

La proposición, que ha sido presentada esta mañana y será debatida en el pleno del Congreso, subraya que el número de solicitudes de asilo por parte de venezolanos en los primeros 6 meses de 2018 ascendían a 10.732, y solo se habían resuelto 1.318.

Además recuerda que los venezolanos que logran acogida en el exilio deben enfrentarse a la inseguridad jurídica que supone no tener documentos oficiales debido a las trabas que impone el régimen de Maduro a su expedición, por lo que estos ciudadanos se encuentran en un limbo jurídico que no les permite ejercer sus derechos y libertades en los países de acogida.

Por todo ello, Ciudadanos ha presentado una PNL para instar al Gobierno a que active el reglamento sobre Régimen de protección temporal al caso del exilio venezolano e identifique a estos como grupo objetivo de este reglamento.

Además, pide que se diseñe un plan de acogida para garantizar la inserción en el mercado laboral y el pleno acceso a los servicios sociales de estas personas.

La PNL también propone que España colabore "estrechamente" con los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Brasil "para garantizar una estrategia conjunta, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos para la acogida de exiliados venezolanos".

En el plano internacional, la proposición insta al Gobierno a demandar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro y a animar a los organismos internacionales a "trabajar de forma decidida y conjunta" para que se convoquen unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.

Finalmente, Ciudadanos propone que España lidere en la Unión Europa la presión internacional contra Maduro mediante la ampliación de sanciones específicas contra altos cargos del régimen.