Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles han agotado las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo en el reparto de los 247 millones de euros del último tramo de la equiparación salarial, por lo que será el Ministerio del Interior quien decida las cantidades destinadas a cada cuerpo.

Este lunes, tres de los cuatro sindicatos policiales firmantes del acuerdo de 2018 -SUP, CEP y SPP (la UFP no ha acudido)- y siete asociaciones de guardias civiles -AUGC, UO, AEGC, APROGC, Unión GC, ASES-GC y Ap-GC- volvían a sentarse a la mesa después de que el 1 de julio, en presencia del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, mostraran ya su desacuerdo.

Sin representantes de Interior, los de los funcionarios de ambos cuerpos han vuelto a manifestar sus diferencias sobre el reparto, según han indicado a Efe fuentes presentes en la reunión para tratar de establecer la división de los 247 millones de euros que engrosan el tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial pendiente de pago a los agentes.

Las asociaciones de guardias civiles defienden que del total sea destinado un 60 por ciento a la Guardia Civil y un 40 por ciento a la Policía y, además, les sea reintegrada la parte que, a su juicio, se destinó a los policías en el segundo tramo de forma injusta.

Frente a este planteamiento, los sindicatos policiales apuestan por que a los policías les corresponda un porcentaje cercano al 47 por ciento y a sus compañeros del instituto armado en torno al 53 por ciento.

Una vez que sindicatos y asociaciones han expuesto sus posturas y no han llegado a acuerdo, sera Interior quien decida.

Ya el pasado miércoles el número dos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska apuntó el deseo de que el abono en las nóminas de los agentes se haga "cuanto antes y en cualquier caso antes de que termine el año".

El tercer tramo de la equiparación salarial que se abonará con efectos retroactivos al pasado 1 de enero supondrá el desbloqueo de esos 247 millones para completar el proceso, iniciado en 2018, y que supone un incremento de un 20 por ciento de media en las nóminas de policías nacionales y guardias civiles. EFE