El distanciamiento de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición se ha visto reflejado a lo largo de estos últimos dos años en multitud de temas que, finalmente, han resumido a la nada con la intención de mantener el control sobre una legislatura que necesita de demasiados actores para su supervivencia. Socialistas y morados tienen ahora encima de la mesa de negociación la Ley de Vivienda sobre la que se han llegado a cruzar algunos reproches, pero sin invadir el debate con palabras o ataques que disparen las tensiones.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pidió "calma y tiempo" hace apenas unos días e insistió en relación con la Ley de Vivienda que las negociaciones -a veces- "tienen altibajos". Una negociación que ya habría abordado temas como el de los desahucios o la vivienda pública, pero que en la que continúan sin acercar posturas sobre la regulación de los precios de alquiler.

Posturas, ¿irreconciliables?

La postura que se presenta desde Unidas Podemos parece inflexible desde su concepción. La formación siempre ha defendido que el acuerdo firmado implicaría la dotación de herramientas legales a ayuntamientos y comunidades autónomas, las competentes en materia de vivienda, para poder intervenir el mercado del alquiler y fijar precios máximos en las zonas especialmente tensionadas por las subidas abusivas de las viviendas.

Este movimiento podría acarrear una más que probable declaración de inconstitucionalidad de la Ley por vulnerar el derecho a la propiedad privada recogido en el artículo 33 de la Constitución, y como ya ha ocurrido en alguno de los países donde se han implementado estas medidas.

Desde el PSOE, sin embargo, las pretensiones para abordar este tema tan sensible son otras, y evitarían por todos los medios la intervención del mercado como ya sucedió en Cataluña y donde la situación no remonta desde que el 22 de septiembre se introdujo un control de precios que afecta a algunos de los principales municipios regionales, incluida Barcelona.

Los socialistas siempre han preferido que la bajada de los precios se produzca a través de incentivos a los propietarios, y evitar así la intervención directa en el mercado. Esta posición, sin embargo, sería inaceptable para Unidas Podemos, que obvia así las inseguridades que puede provocar su propuesta de intervencionismo de cara a los propietarios e inquilinos.

Unas inseguridades jurídicas que se traduciría en una disminución de la oferta al no interesar a los arrendadores alquilar las viviendas con un marco regulatorio tan restrictivo y que cada vez legisla más a favor de inquilinos y okupas.

A pesar de esta tensión en el seno de la coalición, el ministerio de José Luis Ábalos puso sobre la mesa hace unas semanas dos nuevas propuestas: por una parte, congelar los precios del alquiler a inquilinos que deseen prorrogar sus contratos de arrendamiento en zonas tensionadas; por otro lado, que los nuevos inquilinos que accedan a una vivienda sigan pagando exactamente el mismo precio fijado a los anteriores arrendatarios si el inmueble también está en una zona tensionada.

El Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra concluyó ante estas declaracionesque el planteamiento de los socialistas "incumple" el acuerdo de gobierno y sobre los Presupuestos Generales del Estado. El culebrón, a pesar de la dosis de esperanza avanzada durante las últimas horas por parte del Ejecutivo, parece aún lejos de un final-