El PP ha presentado una proposición de ley en el Congreso en la que insta a reformar la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de Prisiones como agentes de la autoridad, una iniciativa con la que quiere dar respuesta a una de las reivindicaciones históricas de este colectivo.

"Aunque nadie duda del ejercicio de autoridad que los funcionarios han de ejercer, lo cierto es que ninguna norma con rango legal les concede actualmente la condición de agentes de la autoridad", defiende el texto presentado del PP que propone modificar la redacción del artículo 80 de la ley de 1979.

De esta forma, al reconocerles como agentes de la autoridad, los informes que los funcionarios emitan gozarán de la presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, en los mismos términos que otros agentes que ostentan esta condición como los de las fuerzas de seguridad.

El PP subraya que se trata de una necesidad objetiva para este colectivo, integrado por más de 24.000 personas, de los que alrededor de 15.000 se dedican a tareas propias de vigilancia, es decir, garantizar el orden y la seguridad interior de los cárceles y los centros de inserción social.