La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, ha sentado en el banquillo a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás' por dos causas que tiene pendientes: una por hacerse pasar en 2014 por un asesor del Gobierno para estafar a un empresario y la otra por crear una red para obtener datos confidenciales de las base de datos policiales.

Así consta en sendos autos de apertura de juicio oral que la instructora dictó este lunes, y a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que da traslado de las causas a la Audiencia Provincial de Madrid para que proceda a juzgarle, junto al resto de acusados, por estos hechos.

En primer lugar, la jueza instructora envía al juicio a Gómez Iglesias por el intento de estafa que cometió en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, ante quien se presentó como intermediario del Gobierno de España para facilitarle la venta de un inmueble que esta persona tiene en Toledo.

Según explicó el anterior instructor del caso, Arturo Zamarriego, en un auto con el que le procesó en junio de 2018, el 'pequeño Nicolás' solicitó al empresario 300.000 euros y le hizo creer además que se iba a proceder de manera inminente a un embargo de Hacienda sobre sus cuentas y las de su familia.

LLAMADA SIMULADA A SÁENZ DE SANTAMARÍA

Así, en octubre de 2014 quedó con Martínez de la Hidalga en una sucursal del Banco Santander y allí, en una reunión con el director de la misma se presentó como asesor de la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. El empresario pidió sacar de la entidad medio millón que tenía allí depositado.

Como el banquero manifestó sus reservas por las exigencias de la legislación en prevención del blanqueo de capitales, Gómez Iglesias simuló una llamada a Sáenz de Santamaría y manifestó después que no habría problemas con ese asunto. En el curso de dicha reunión, según detalla el auto, Francisco Nicolás dejó en la mesa del despacho un 'dossier' con el membrete de "Gobierno de España".

Por estos hechos, se enfrenta a seis años de prisión que piden para él la Fiscalía y la Abogacía del Estado por los delitos continuados de usurpación de funciones públicas y falsedad en documento oficial en concurso con uno de falsedad.

Como acusación popular se presentan la Asociación de Policía Municipal Unificada, que interesa la misma condena que el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado; mientras que el partido Podemos interesa la imposición de 12 años de cárcel.

Por otro lado, Francisco Nicolás Gómez Iglesias se enfrentará a la vista oral por obtener datos policiales a cambio de dinero. En esta ocasión, se sentará en el banquillo junto a dos policías municipales, un guardia civil y el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Grande.

El juez Zamarriego le procesó el 23 de marzo de 2017, justo antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, al ver indicios de delito en la actuación del 'Pequeño Nicolás, que, ayudado por estos policías, "accedieron en varias ocasiones (desde julio de 2013 hasta octubre de 2014, cuando fue detenido) a información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales".

EL 'MODUS OPERANDI' DE LA RED

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Según explica el magistrado en su auto el 'modus operandi' "siempre fue el mismo: Francisco Nicolás facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación (...) Acto seguido, éstos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas".

La Fiscalía pide para el 'pequeño Nicolás' nueve años y nueve meses de prisión por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.

Asimismo, solicita ocho años y seis meses para los policías municipales Felipe G.S y Jorge G.H por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de cohecho pasivo; mientras que para el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Grande interesa dos años y ocho meses por el delito de violación de secretos.

Por último, para el guardia civil adscrito a la Casa Real Francisco Javier S.L., el Ministerio Público pide la condena de 4.500 euros de multa por el delito descubrimiento y revelación de secretos.

OTRAS CAUSAS PENDIENTES

Además, de estas dos piezas, Gómez Iglesias aún tiene pendiente otra vista oral, como la relativa a hacerse pasar por un enlace del Rey y de la exvicepresidenta del Gobierno en un viaje a Ribadeo (Lugo), cuyo juicio se aplazó hasta 2020 después de que su abogada renunciara a la defensa tras denunciar "presiones y coacciones" recibidas hacia ella y su familia. La Fiscalía pide para él en este caso seis años de cárcel.

Asimismo, el Ministerio Público solicita otros cuatro años y medio de cárcel por falsificar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para que un amigo, al que supuestamente pagó 6.000 euros, le suplantase en el examen de Selectividad de 2012.

En cuanto a otros casos, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó en julio de 2018 su absolución de haber difamado al CNI en varios medios de comunicación.