El coronavirus ha agudizado el drama de la ocupación ilegal en nuestro país. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, durante el primer semestre del año se han registrado 7.450 denuncias relacionadas con este tipo de delito, un 5% más que en el mismo periodo de 2019.

Esto supone que al día se denuncien 40 nuevos casos al día. Por comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía son los que más casos registran. La comunidad presidida por Quim Torra ha registrado 3.611 casos entre enero y junio, mientras que Andalucía le persigue con cierta distancia: 1.183 denuncias en este mismo periodo. En el otro extremo, Melilla (5), Ceuta (12) y Asturias (20) son los que menos casos han denunciado.

Un fenómeno al alza

Este es un fenómeno que va al alza en España, y en estas últimas semanas han trascendido varios casos de ocupación ilegal que evidencian que se necesita legislar más sobre este asunto para evitar que los casos prosigan. En 2015 las ocupaciones ilegales en España superaban ligeramente los 10.000 casos; en 2019 se superaban los 14.000.

Si la tendencia que durante el primer semestre se mantiene a lo largo del año, este 2020 seguiremos superando esta cifra que nos pone en el punto de mira en Europa. Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a legislar sobre este asunto, como varios de sus ministros han dado a conocer en las últimas semanas al considerar que los ciudadanos tienen herramientas suficientes para hacer frente a una de las lacras de España.

Legislación española

España y Portugal son los únicos países de la Unión Europea que tienen problemas para solventar este tipo de actos delictivos. El principal obstáculo es que una vez los 'okupas' entran en el domicilio, es muy difícil poder echarlos. Para poder hacerlo, se necesita emprender un camino judicial largo y costoso, que puede durar hasta tres años y al que no todo el mundo puede hacer frente.

La Policía en España solo puede entrar si son pillados en el momento en el que han entrado, pero si consiguen entrar y cambiar la cerradura, se debe solicitar una orden judicial de desalojo, presentando a su vez una demanda civil de desahucio cuya tramitación es muy lenta.

En Portugal, al igual que sucede en España, no se puede proceder al desahucio hasta que se produzca el juicio y la correspondiente sentencia. Allí este proceso también puede extenderse más de un año, en el mejor de los casos.

Cómo está regulado en Europa

En Francia, en cambio, la Policía puede proceder el desalojo inmediato de la vivienda, sin ningún requerimiento judicial durante las primeras 48 horas desde que el propietario tiene conocimiento del hecho. De esta forma, por ejemplo, daría igual si la persona titular de la casa estuviese de vacaciones y a la vuelta se encontrase con que se la han ocupado, ya que la Ley francesa coge de referencia el momento en el que el propietario ha tenido constancia.

En el caso de que no se denunciase en las primeras 48 horas, los 'okupas' deben probar ante las autoridades que llevan residiendo en la vivienda al menos esos días y que el inmueble reúne las condiciones de habitabilidad. Es ahí donde comienza un recorrido judicial que se puede demorar durante cierto tiempo, pero este es mucho menor que lo que actualmente se tarda en España y Portugal.

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En otros casos, como en Alemania, sucede algo similar a Francia. Las casas pueden ser desalojadas 24 horas después de conocerse y denunciarla ante la Policía. Si el inmueble, tras desalojarlo, se encontrase en mal estado, el propietario está obligado a realizar obras de rehabilitación.

En Holanda basta con denunciarla ante la Policía, una vez denunciada, puede personarse de inmediato para proceder a su desalojo y en Dinamarca y Suecia basta con acudir a la Policía y demostrar ser el legítimo propietario.

En Italia, por último, el propietario debe denunciar ante las autoridades y una vez que el tribunal evalúe el caso por juicio rápido, los agentes pueden proceder a su desalojo. Además, deben pagar los daños a los propietarios y pueden ir a la cárcel.