El PP no ha esperado ni al reinicio de las sesiones parlamentarias para adelantar ya las iniciativas con las que intentarán frenar a Pedro Sánchez, ante la previsible “desidia legislativa”, del Ejecutivo por su falta de mayorías estables.

Pablo Casado criticaba hace unas horas los constantes errores y las rectificaciones de un Gobierno que ha hecho de la “marcha atrás, su marcha habitual”... marcha atrás en inmigración, en economía, y en justicia.

El último cambio de critero, el de la defensa del juez Llarena, ha motivado, precisamente la última iniciativa popular: han pedido a Sánchez que destituya a la ministra de Justicia, Dolores Delgado; y han anunciado ya su reprobación en el Senado, donde harán valer su mayoría absoluta para que salga adelante; la misma mayoría absoluta que les va a servir hoy mismo, para obligar, a través de la Diputación Permanente de este órgano al jefe del Ejecutivo, a que explique en la Cámara Alta sus bandazos en política migratoria.

Además, la anunciada reforma por parte de Gobierno de la ley de Estabilidad presupuestaria, a través de una proposición de ley, para evitar que el Senado pueda vetar la senda de déficit aprobada por el Gobierno, ha llevado al PP a proponer a los grupos en el Senado la aprobación de una declaración institucional en defensa de la autonomía de esta cámara, ante lo que consideran una grave injerencia por parte del poder Ejecutivo, que demuestra, apuntan, dos cosas: la degradación democrática que pretende el presidente, y su prepotencia.

Los populares están decididos, además, a intentar frenar, o al menos demorar en el Congreso, la tramitación de esa proposición de ley. Ya han hablado con Ciudadanos para hacer valer su mayoría conjunta en la Mesa, y, de entrada, comenzarán, previsiblemente, por pedir un informe sobre su legalidad a los servicios jurídicos de la cámara.

El PP ha anunciado además que recurrirá ante el Constitucional por defectos de forma dos de los decretos-leyes aprobados recientemente por el Consejo de Ministros: el de la violencia de género, y el de la exhumación de los restos de Franco; y ha adelantado que en septiembre presentará en el Congreso una batería de medidas para defender la unidad de España, entre ellas, la modificación de la ley de símbolos, para poner coto a la utilización, por parte de los independentistas, de los espacios públicos para colocar lazos amarillos.

Casado está decidido, pues, a trasladar al parlamento la hiperactividad que demuestra en su agenda semanal. Y este sábado inaugurará curso político en Galicia, al igual que hacía Mariano Rajoy.