El Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino (Huelva) investiga a nueve personas relacionadas con la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Tharsis por presuntas irregularidades en la concesión y distribución de ayudas con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que en el marco de este procedimiento judicial, que se deriva de una denuncia interpuesta en 2013 por uno de los técnicos que tramitaba dichas ayudas, se investigan los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Se trata de personas vinculadas con la Diputación de Huelva -bien sean cargos o trabajadores- y del Ayuntamiento de Tharsis, entre ellos su alcalde, Lorenzo Gómez, que prestó declaración en el marco de esta causa el pasado mes de septiembre, según las fuentes.

Este juzgado, han indicado desde el TSJA, también investigaba hechos similares relacionados con el Ayuntamiento de Paymogo, si bien las diligencias han quedado archivadas.

El diario ABC ha adelantado hoy que las irregularidades por estos hechos podrían afectar a setenta localidades y sobre la posibilidad de esta extensión a otros municipios, desde el TSJA se ha precisado que el Juzgado de Valverde sólo lleva la investigación sobre Tharsis y que, de ser así, serían competencia de los partidos judiciales correspondientes.

Hay que recordar que como consecuencia de esa denuncia interpuesta en 2013 ya en febrero de 2015 la Guardia Civil, por mandato judicial, llevó a cabo un registro en las dependencias de la Diputación de Huelva; de forma simultánea se llevaron también registros en el Servicio Público Estatal de Empleo.

El denunciante ponía de manifiesto la existencia de "graves irregularidades en la gestión del PFEA en Huelva por parte de políticos y técnicos de las tres administraciones intervinientes en el otorgamiento, control, seguimiento y pago de las subvenciones adscritas a este programa", señalando además de a la Diputación de Huelva, y Dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, al Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Se trata este de un nuevo caso que salpica a la Diputación de Huelva, presidida por el secretario general del PSOE, Ignacio Caraballo, en estos momentos investigado por su presunta implicación en un soborno que habría frustrado la moción de censura contra la alcaldesa socialista, Yolanda Rubio, en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva).