El Gobierno de Navarra ha decidido en su sesión de este miércoles interponer un recurso judicial ante el contencioso-administrativo contra determinadas resoluciones administrativas de la Administración General del Estado por las que se formulan declaraciones de impacto ambiental y se otorgan autorizaciones administrativas previas para que el grupo privado Forestalia pueda desplegar cuatro líneas de alta tensión, de 400 kilovoltios cada una, para evacuar energía procedente de Aragón y trasladarla hasta la Comunidad Autónoma Vasca, atravesando el territorio de la Comunidad foral.

En concreto, el Ejecutivo navarro recurre las autorizaciones administrativas previas otorgadas al Grupo Forestalia para realizar a varias instalaciones de producción de energía eléctrica e infraestructuras de evacuación asociadas al denominado 'Proyecto Mistral-Esfinge'.

Con fecha 22 de febrero de 2024, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ya emitió un informe exponiendo sus discrepancias con respecto a estas resoluciones favorables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), por considerar que no habían tenido en cuenta sus informes, que eran desfavorables al proyecto por considerarlo incompatible con los valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales del territorio a su paso por la Comunidad foral.

El Gobierno Navarro ha indicado que recurre diversas resoluciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por las que se formulan declaraciones de impacto ambiental de parques eólicos y solares fotovoltaicos, proyectados mayoritariamente en la provincia de Zaragoza, así como de sus infraestructuras de evacuación, que atravesarían entre otros territorios la Comunidad foral, con arreglo a las disposiciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Plantea también recurso ante las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las que se otorgan a las promotoras las autorizaciones administrativas previas, conforme a los establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

DISCREPANCIAS DE FORMA Y FONDO

Las discrepancias se fundamentan en primer lugar en cuestiones de forma, relativas al procedimiento seguido por la Administración General del Estado, con una fragmentación que "ha impedido a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra una adecuada comprensión y valoración global de la magnitud real y definitiva del proyecto y su repercusión medioambiental".

En segundo lugar, ha añadido el Ejecutivo, se fundamentan en cuestiones de fondo, "ya que los proyectos analizados tendrán previsibles consecuencias adversas significativas sobre el medio ambiente, en concreto sobre especies catalogadas, objetivos de conservación de espacios protegidos Red Natura 2000 y sobre conectividad y coherencia ecológica de la Red Natura 2000".

En sesión del Gobierno de Navarra de 20 de febrero de 2024 ya se acordó interponer un requerimiento previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa por esta cuestión, presentado el 29 de febrero ante la Dirección General de Política Energética y Minas del MITERD, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

Transcurrido el plazo de un mes para resolver el citado requerimiento previo sin haber recibido respuesta, el mismo se entiende desestimado por silencio, ante lo que la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha solicitado recurrir a la vía contencioso-administrativa, medida que ha sido aceptada este miércoles en la sesión semanal que celebran el Ejecutivo foral.

La representación y defensa del recurso será asumida por el Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, sin perjuicio de que pueda asignarse la representación a procurador de los tribunales.