El último pleno en el parlamento catalán tuvo lugar a mediados del pasado mes de julio y el próximo no estaba previsto hasta el próximo mes de octubre. Estas "vacaciones forzadas" se produjeron a favor de los partidos independentistas para evitar entrar en una lucha dialéctica sobre la suspensión de los políticos procesados por el delito de rebelión. 

Y todo ello incumpliendo el reglamento del Parlament que establece un periodo de inactividad en verano de solo quince días, del 1 al 15 de agosto. Pero este reglamento contempla la modificación realizada el año pasado, en el que se acortó el periodo vacacional, para poder acelerar las leyes de desconexión del 6 y el 7 de septiembre.  

A pesar de estos casi 45 días de descanso parlamentario, los diputados catalanes disfrutarán del permiso del mes de enero, igual que todos los parlamentarios del resto de España. Cada cámara autonómica es soberana para determinar su actividad política dentro de los periodos de sesiones que marca la constitución en su artículo 73. 

Esta ampliación del periodo vacacional aprobado por el Parlament no se producirá en ningún otro órgano autonómico ni tampoco en el Congreso o el Senado, que reactivarán su actividad a partir de septiembre. En este sentido, la mayoría de la cámaras territoriales hacen el modelo inverso: Reducir la duración de las vacaciones para introducir Plenos extraordinarios y aumentado la actividad de las comisiones.