Marlaska vinculó la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil a los Presupuestos y la "reconstrucción"

Las asociaciones de agentes piden al ministro que cumpla lo pactado y denuncian que no diera "ninguna explicación" sobre el cese de Pérez de los Cobos en su comparecencia

Marlaska trata de apaciguar a la Guardia Civil con la equiparación salarial, una medida que ya prometió

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el acto de entrega a la Guardia Civil de la patrullera "Río Arlanza" en Cádiz, el pasado febrero. EFE/Román Ríos

Jaime Cervera

Redactor

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 07:56

Si la semana pasada estuvo marcada en lo político por el pacto del PSOE con Bildu para derogar la reforma laboral, sin duda la noticia de esta semana en la gestión del Gobierno ha sido la fulminante destitución por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Todo apunta a que la defenestración se produjo por la negativa de Pérez de los Cobos a facilitar al Gobierno el informe que la Policía Judicial estaba elaborando para la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre la responsabilidad de varios cargos del Ejecutivo, entre ellos el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la autorización de la marcha del 8M cuando la pandemia del coronavirus ya suponía un peligro.

En un claro intento de apagar el revuelo causado en el cuerpo por este cese, el titular de Interior compareció este martes para anunciar que el Gobierno que pondrá por obra una vieja reivindicación de los agentes. Para ello, el Ejecutivo se dispone a ejecutar el tercer tramo de la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con otros cuerpos de seguridad del Estado. Lo hará, ha asegurado Marlaska, antes de que finalice el año.

Pendiente de los Prespuestos y de los acuerdos para la reconstrucción

La medida, que supone un desembolso de 247 millones de euros, había sido ya acordada entre Interior y las asociaciones y sindicatos de ambos cuerpos, por lo que el anuncio de Marlaska no supone ninguna novedad. Es más, estaba previsto que la partida se desbloquease en enero, por lo que la esperada equiparación llegará con cinco meses de retraso.

Pero es que, además, Marlaska enfrió su promesa hace apenas tres meses, el 17 de febrero, cuando condicionó la puesta en marcha del tercer tramo de la equiparación a que el Gobierno lograra aprobar unos nuevos Presupuestos (de momento, siguen vigentes los aprobados por Cristóbal Montoro en 2018). En todo caso, el ministro señaló que, en caso de que no se redactaran unas nuevas cuentas públicas, Interior ejecutaría la medida mediante un real decreto-ley.

Marlaska volvió a referirse a la cuestión del tercer tramo de la equiparación el 23 de abril, cuando condicionó esta medida, además de una oferta de empleo público para la Guardia Civil y la Policía Nacional, a "los necesarios acuerdos de reconstrucción social y económica" derivados de la crisis del coronavirus.

Las asociaciones se remiten a lo pactado

El presidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Francisco Benito, analizó este martes en 'El Cascabel' de TRECE la comparecencia de Marlaska y señaló que el ministro no dio "ninguna explicación" acerca de por qué cesó a Pérez de los Cobos. En cuanto a la equiparación salarial, afirmó que es una medida que ya "estaba garantizada" y que "ya se sabía". De esto se deriva, por tanto, que el anuncio del titular de Interior no estaba justificado más que para desviar la atención de la destitución del jefe de la Comandancia en Madrid.

Además, desde Jusapol denuncian que lo explicado por Marlaska sobre la equiparación no se ajusta a lo pactado. "No estamos todos. No soluciona el resto de brechas. Seguirá habiendo una policía autonómica de primera y una policía estatal de segunda", escribió la asociación este martes en su perfil de Twitter. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) también reclama que se atienda al resto de puntos del acuerdo suscrito entre los cuerpos de seguridad y el Gobierno.



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