El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue siendo protagonista de titulares e informaciones que ponen contra las cuerdas su gestión al frente de la cartera de Interior. Se están a punto de cumplir tres años de su llegada al Consejo de Ministros y en estos casi 36 meses, marcados en gran parte por la pandemia, los problemas han salpicado de forma directa la gestión de Marlaska, destacando movimientos importantes como el cese en mayo de 2020 del coronel Diego Pérez de los Cobos. Decisión que ha sido revocada por la justicia.

Ahora, el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ha informado de la anulación del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos-Madrid) por no informar sobre la causa del 8-M, condenando a Interior a su reingreso en el puesto.

"Desde el respeto a las decisiones judiciales, al discrepar con la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, se interpondrá recurso contra la misma a través de la Abogacía del Estado". En la sentencia, el magistrado Celestino Salgado estima el recurso presentado por Pérez de los Cobos contra la Resolución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de 28 de julio de 2020, por la que se rechazaba el recurso de alzada contra la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, de 24 de mayo que dispuso el cese.

Durante sus casi tres años al frente del Ministerio del Interior han sido varias las polémicas que han salpicado a Grande-Marlaska, siendo el cese de Diego Pérez de los Cobos una de las más importantes. Sobre todo por el momento en el que se produjo, en plena gestión de la crisis social y sanitaria provocada por la pandemia. Pero son otros los casos que han provocado que Fernando Grande-Marlaska haya estado en el punto de mira de la opinión pública, entre ellos el acercamiento de varias decenas de presos de ETA a centros penitenciarios próximos al País Vasco.

Las 'purgas' dentro de la Guardia Civil

Siete días después de llegar al despacho ministerial, Fernando Grande-Marlaska tomó una de las decisiones que más críticas ha salpicado dentro de la Guardia Civil. El nuevo ministro de Sánchez relevó al coronel Juan Hernández Mosquera como director del Gabinete de Coordinación y Estudios, puesto clave dentro del cuerpo, para situar al conocido como 'Lenin' de la benemérita, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido por su trabajo en Interior con todos los anteriores ministros socialistas. Desde las Asociaciones de guardias civiles identificaron este movimiento como un cálculo estratégico para colocar a un "comisario político" dentro de las filas del cuerpo.

Este nombramiento ya generó cierto ruido dentro de la Guardia Civil que fue amplificado con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos en el mes de mayo del pasado año. La decisión de Grande-Marlaska se produjo después de que el general jefe de Zona de Madrid, José Antonio Berrocal, y el entonces jefe del Mando de Operación, Fernando Santafé, no consiguiesen que Diego Pérez de los Cobos informase sobre el contenido del atestado enviado al juzgado que instruía la causa del 8-M, procedimiento que se abrió tras las manifestaciones celebradas aquella fecha en el centro de Madrid. La convocatoria se realizó cuando en España ya se registraba un número importante de contagios por coronavirus y habían fallecido 17 personas. Además, quedaban pocos días para que la OMS declarase la alarma de pandemia global.

La salida de Diego Pérez de los Cobos tuvo efecto dominó y provocó otra salida importante de las filas de la Guardia Civil: Laurentino Ceña dejó el puesto de Director Adjunto Operativo. También se produjo la marcha de teniente general Fernando Santafé, por aquel entonces número tres del cuerpo. Grande Marlaska intentó siempre justificar este movimiento como un "proceso natural de sustitución de equipos" y un "nuevo impulso" que quería imprimir a la Guardia Civil durante su paso por el Ministerio del Interior.

Otro importante caso que ha salpicado a la figura de Fernando Grande-Marlaska fue la destitución de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa, encargada de luchar contra la corrupción entre otras funciones dentro de la Policía. Durante su mandato, Corbí no permitió cualquier tipo de actividad de la UCO que necesitará "fondos reservados", una orden que fue supervisada por el propio José Antonio Rodríguez González, que ya había desembarcado en su puesto tras el nombramiento de Marlaska.

Desde Interior justifican que la decisión de Corbí se produjo sin ningún tipo de supervisión policial, y que ponía en peligro varias operaciones policiales y judiciales ya en marcha. De esta manera se produjo su salida y el coronel Manuel Sánchez Corbí comenzó una carrera en los tribunales para que su destitución fuera revocada, aunque no logró su restitución.

La seguridad de Iglesias y Montero en Galapagar

Dejando a un lado las salidas de la Guardia Civil, otras de las polémicas que han salpicado a Fernando Grande-Marlaska están relacionadas con la vigilancia continua en el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Desde septiembre del 2018, meses después de que Grande-Marlaska llegase al ministerio del Interior, Iglesias y Montero gozan de una vigilancia continua a las puertas de su domicilio: primero en coche y después en una garita situada en la misma puerta del domicilio de los actuales líderes de Unidas Podemos.

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Este tipo de vigilancia ha sido muy criticada dentro y fuera de la Guardia Civil. Varias asociaciones de agentes han denunciado la situación en la que se encuentran los guardias civiles que realizan esta tarea, ya que por ejemplo tienen que hacer sus necesidades en un baño portátil situado en un descampado que linda con la casa de Iglesias y Montero.

A pesar de esta vigilancia, Iglesias mostró su descontento el pasado verano después de ver a un vecino grabarles dentro de su domicilio desde la parte trasera de la casa, un hecho que provocó que la vigilancia pasara a ser controlada por la seguridad exterior de la Policía Nacional.

El acercamiento de presos de ETA al País Vasco

Pero una de las decisiones que más está salpicando la gestión de Fernando Grande-Marlaska es la relacionada con el acercamiento de presos de ETA a prisiones cercanas al País Vasco, más de 160 condenados, hecho que ha generado ciertas críticas desde varias asociaciones de víctimas del terrorismo. En las últimas jornadas hemos conocido el traslado de Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, autor del disparo a Miguel Ángel Blanco, de Huelva a Madrid.

La crisis Migratoria en Canarias

A Fernando Grande-Marlaska también le ha salpicado la crisis migratoria que en los últimos meses se ha vivido en Canarias, donde la llegada de pateras el pasado año 2020 incrementó un 756% respecto al año anterior. Diferentes situaciones como la saturación del Arguineguín y la salida sin control de 200 marroquíes hasta Las Palmas provocaron que varios grupos políticos pidiesen la dimisión de Fernando Grande-Marlaska. Todo ello enmarcado en el contexto en el que se produjeron varios vuelos con destino a la Península con inmigrantes que llegaron a España de forma irregular y la ocupación de hoteles privados para dar cobijo a cientos de inmigrantes ilegales.

La cinta de correr de 2.800 euros

Uno de los últimos asuntos que ha provocado que Fernando Grande-Marlaska sea protagonista de la actualidad ha sido el relacionado con la famosa cinta de correr, de un valor de casi 2.800 euros y que fue adquirida para que pudiese entrenar en la vivienda oficial en la que reside.

Partidos como Compromís o Ciudadanos registraron varias preguntas escritas al titular de Interior, ya que consideran "poco ética" su adquisición debido a la situación económica que atraviesan millones de españoles por culpa de la pandemia. Fuentes ministeriales aseguran que Grande-Marlaska no ha tenido nada que ver con esta compra, y que es decisión única del ministerio.

La opacidad de su mandato

También, el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marslaka cerró el pasado 2020 como uno de los ministerios más opacos del Gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno registró 75 reclamaciones que habían recibido después de que Interior no quisiera dar la información solicitada en dichas quejas. A este organismo independiente le consta que 36 de esas reclamaciones han recibido también el silencio por respuesta, algunas relacionadas con asuntos tan importantes como el número de agentes heridos en el operativo policial en Barcelona tras conocer la sentencia del procés o los verdaderos números relacionados con la deportación de inmigrantes.