El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha anunciado este martes su deseo de implantar el modelo vasco de formación dual universitaria al resto de España. "Voy a intentar que se extrapole el mismo tipo de programa al conjunto del Estado español", ha afirmado.

Castells se ha expresado así en la sesión de control al Gobierno, celebrada en el Senado, al ser preguntado por la senadora del PNV Nerea Ahedo sobre los pasos que ha dado o prevé dar el Gobierno para que los contratos de formación y aprendizaje sean extensivos a las titulaciones universitarias que cuentan con sello dual.

Para la senadora vasca, la formación dual "proporciona una formación mucho más integral, mejora la empleabilidad, desarrolla competencias complementarias a las adquiridas en un centro formativo y acerca la docencia a la realidad laboral y profesional, y a las necesidades de las empresas". Así, ha recordado que en el País Vasco se supera la veintena de Grados que cuentan con el sello dual.

"La política de formación dual en el País Vasco es pionera y su éxito nos lleva a intentar extrapolarla al conjunto del Estado. Hemos elaborado ya un borrador de norma para ordenar la formación dual a niveles tanto de Grado como de Máster", ha indicado el ministro.

Asimismo, Castells ha detallado que habrá un sello de formación dual para las prácticas externas con la condición de que las prácticas estén previstas como obligatorias en el programa de estudios de la Universidad, que representen al menos un 20% de los créditos cursados; y que se realicen mediante un contrato laboral establecido entre las Universidad y las empresas o administraciones públicas "de forma que se pueda amparar en un marco jurídico de convenio".

"Le puedo asegurar que estamos muy cerca de aprobar una normativa por la vía regular para que podamos contar con una seguridad y una permanencia de dichas prácticas, que han sido altamente beneficiosas como pude comprobar personalmente en mi recientemente", ha añadido el titular de la cartera de Universidades.

En este sentido, el ministro ha explicado que esta política requiere una colaboración "jurídica y estatutaria" con los Ministerio de Trabajo y de Educación, en la que se está trabajando para blindar los contenidos y "la cobertura jurídica de los contratos" con el objetivo de que los estudiantes "se sientan protegidos"