El 90% de los casos gestionados por el Sistema Arbitral de Consumo se resuelve de forma satisfactoria para los consumidores, según indican en nota de prensa desde el Gobierno central. En Asturias, en 2022, se recibieron 845 solicitudes de arbitraje: 512 en las Juntas Arbitrales Autonómicas y 333 en las municipales.

Se trata de un servicio público gratuito que, por la vía extrajudicial, ayuda a solucionar conflictos entre las personas consumidoras y las empresas. En la actualidad, más de 100.000 empresas están adheridas voluntariamente al Sistema Arbitral de Consumo.

En total, en España se presentaron más de 72.000 solicitudes de arbitraje, aproximadamente un 63% más que el ejercicio anterior, la gran mayoría relacionadas con servicios básicos (energía, gas o agua), telecomunicaciones (Internet, telefonía...) o bienes de consumo (alimentos o bebidas, electrodomésticos, muebles...).

En España existen 60 Juntas Arbitrales de Consumo de carácter regional, provincial o municipal. Para que una de ellas se haga cargo, se tienen que dar dos requisitos: que la controversia no verse sobre intoxicaciones, lesiones, muertes o indicios racionales de delito; y que la empresa acepte el arbitraje, ya sea de forma previa al surgimiento del conflicto mediante la realización de una oferta de adhesión al sistema arbitral, o aceptando un conflicto concreto.