El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto que ya fue avalado en la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana optó por la abstención porque, aunque aprecia tras los últimos cambios introducidos, le sigue pareciendo insuficiente.

La Ley de Memoria Democrática es una de las que más polémica ha generado desde que comenzó a redactarse, de la mano de Carmen Calvo. Hace casi un año fue aprobada en Consejo de Ministros y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que al rechazo de la oposición, se sumó el de uno de los principales socios del Gobierno, ERC.

Sin embargo, el pasado mes de junio, se reactivó la tramitación de dicha ley, gracias a un acuerdo del PSOE con formaciones como Bildu. De este modo, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con este partido, así como con el PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Este lunes, 4 de julio, la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado el proyecto de ley y ahora este dictamen será elevado al pleno del Congreso que se prevé celebrar tras el Debate sobre el estado de la Nación, con la idea de que llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño. Esta ley supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aplicación hasta 1983

Dentro de las modificaciones realizadas en este último año, encontramos varias de gran calado. En primer lugar, el Gobierno ha pactado con Bildu ampliar el ámbito de aplicación hasta cinco años después de aprobada la Constitución. Eso permitirá reconocer como víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, lo que incluye a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA hasta el primer año de gobierno de Felipe González.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde su entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".

Ilegalidad de los tribunales franquistas

La nueva ley introduce una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

El sistema franquista, ilegal

Otro de los acuerdos añadidos de forma reciente, gracias a una enmienda pactada entre el Gobierno, Más País y el PdCAT, es declarar "ilegal" el régimen franquista. Esto supone que se ilegalice todo lo que incluía el sistema, como los tribunales, que se considerarán tanto "ilegítimos" como "ilegales", lo que supone la nulidad de las condenas de aquellos que lo soliciten.

Lenguas cooficiales

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Los partidos nacionalistas han conseguido incorporar un apartado sobre las lenguas oficiales, que las define como "víctimas". Además, la ley hace referencia a "la persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega y vasca" durante la etapa franquista y las califica como "víctimas", al igual que ocurre con sus comunidades.

Renombramiento del Valle de los Caídos

Cuando se apruebe definitivamente la Ley de Memoria Democrática, el Valle de los Caídos cambiará de nombre y pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. Además, se van a retirar hasta un total de 33 títulos nobiliarios otorgados entre 1948 y 1978, desde los del propio Franco hasta los de sus herederos y otras personas que trabajaron para el régimen franquista.