El letrado mayor del Parlament avisó ayer a la mayoría independentista de la Mesa de la "ilegalidad" de mantener el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig, señalando que se podría incurrir en delitos de desobediencia y usurpación de funciones, con penas de entre uno a tres años de cárcel.

A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que revoca la delegación de voto, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha contabilizado este miércoles el voto de Puig -huido a Bélgica por el 1-O- cuando ha tenido lugar la validación del decreto ley de integración de centros educativos, pero dicho voto no ha quedado reflejado en el marcador electrónico de la cámara.

Borràs ha expresado, antes de producirse la votación, que "de acuerdo con el acuerdo adoptado por la mayoría de la Mesa, el voto de Puig será añadido al cómputo de votación en base al sentido de voto que fija la portavoz de su grupo parlamentario, que es quien tiene hecha la delegación de voto", en alusión a Mònica Sales.

Antes de esa votación, la Mesa había desestimado este mediodía las cuatro peticiones de reconsideración presentadas por varios grupos de la oposición (PSC, Vox, Ciudadanos y PPC) sobre la decisión de seguir admitiendo esa delegación de voto.

Pero según han explicado diversas fuentes parlamentarias, en la reunión de la Mesa de ayer martes por la tarde, en la que la mayoría independentista ya acordó mantener la delegación, el letrado mayor del Parlament, Miquel Palomares, tomó la palabra para advertir de la "ilegalidad" de dicho acuerdo.

Palomares avisó de que desoír al TC podía suponer un delito de desobediencia y de usurpación de funciones, con posibles penas de entre uno a tres años de cárcel, y añadió que podrían verse incluso incrementadas si, además de mantener la delegación de voto, la Mesa asumía además la responsabilidad de la publicación oficial de las votaciones en el Boletín Oficial y los diarios de sesiones.

Y es que el acuerdo de cuatro puntos suscrito entre los miembros de ERC y JxCat en la Mesa no solo contempla mantener el voto delegado, sino que también se acuerde que la Mesa asuma la responsabilidad de la publicación definitiva de las votaciones, para así eximir a los funcionarios de posibles consecuencias legales.

Este último aspecto, sin embargo, está aún en el aire, ya que ERC y JxCat pactaron reunir nuevamente la Mesa del Parlament a lo largo del pleno para acordar definitivamente esta cuestión, algo que según fuentes parlamentarias podría producirse incluso al final de las votaciones de mañana jueves por la tarde.

De momento Vox ha anunciado que se querellará por desobediencia contra los miembros de la Mesa del Parlament en el caso de que no se reconsidere la decisión de mantener el voto de Puig, ha informado el partido en un comunicado, mientras que partidos como Cs no descartan acciones legales, según fuentes consultadas.