Falta poco menos de un mes para decir adiós a este 2021 y el Gobierno tiene algunas tareas pendientes. Entre ellas, tres leyes muy importantes que deben ser aprobadas antes de que acabe el año: la ley de vivienda, la ley audiovisual y la reforma laboral.

Desde Moncloa insisten en que alcanzarán un acuerdo con patronal y sindicatos pronto. Y, respecto a las dos otras leyes, aseguran que la tramitación comenzará en unas semanas. Sin embargo, lo cierto es que no hay nada cerrado en ninguna de ellas.

Según lo acordado con la Unión Europea, la reforma laboral debería estar en vigor el próximo 1 de enero para que España acceda a un tramo de más de 11.500 millones de euros. Además, la ley audiovisual tiene de plazo hasta marzo de 2022 y la normativa relativa a la vivienda contaría con algo más de margen: hasta octubre del próximo año. Es más, así lo prometió el Gobierno a la Comisión Europea.

Respecto a una de las medidas pendientes de aprobación, como es la ley audiovisual, Gobierno y ERC tuvieron que alcanzar un acuerdo en la que ambas partes ganaban. Tal y como informa el diario 20 minutos, el Ejecutivo lograba que los Presupuestos Generales del Estado saliesen adelante y, a cambio, garantizaba que en las plataformas audiovisuales el 6% de los contenidos se tratasen de producciones en euskera, gallego o catalán.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno señalaba que continuaban con ERC en una negociación que tiene dos elementos fundamentales sobre la mesa: la consolidación de España como "hub industrial" en el ámbito audiovisual y que ello sea compatible con la diversidad de las lenguas cooficiales.

La ley de vivienda es la norma que menos problema debería causar, aunque los plazos prometidos para ponerla en marcha ya han caducado. El anteproyecto de ley se aprobó en octubre tras meses de intensa negociación entre PSOE y Unidas Podemos, aunque el texto todavía tendría que pasar por el Consejo de Ministros antes de empezar su tramitación en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defendía que el texto ofrece seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino, que no atenta contra la propiedad privada y que no va a suponer un riesgo para que los fondos de inversión dejen de "considerar atractivo nuestro país". Mientras, el departamento encabezado por Ione Belarra asegura que esta ley que pretendería preservar los derechos de los inquilinos finalmente se aprobaría este mes de diciembre. Una normativa, de hecho, que incluye el mecanismo de reducción de los precios del alquiler para los propietarios de más de 10 inmuebles y las desgravaciones en el IRPF para arrendadores.

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Además, se produciría una revisión del precio en aquellas zonas "tensionadas". Son básicamente aquellas regiones, barrios, localidades que, durante los últimos años han experimentado un aumento de los alquileres y que esto, ha supuesto que los hogares, las familias tengan una gran carga financiera.

Por tanto, nos encontramos con tres normativas importantes pendientes de aprobación en España. Ley de vivienda, ley audiovisual y reforma laboral. Tres bazas que han producido tensiones entre los socios de coalición y a las que Bruselas también mira atentamente. La pregunta es: ¿conseguirá Sánchez avanzar en ellas antes de que acabe el año? Solamente queda esperar para obtener la respuesta.