La sentencia del Constitucional sobre el "procés" se retrasará a mediados del próximo año porque antes el tribunal tiene que resolver la cascada de recusaciones formuladas por todos los condenados a penas de prisión contra el magistrado Antonio Narváez, a quien quieren apartar del procedimiento.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Pleno del tribunal de garantías que se inicia este martes admitirá a trámite los incidentes de recusación contra Narváez que se basan en una conferencia que el magistrado pronunció en Granada en 2017.

En aquella exposición, titulada "El problema catalán, perspectiva constitucional", el magistrado tildó el proceso independentista en Cataluña de "golpe de Estado encubierto", más grave que el 23F.

Las recusaciones han sido formuladas por los nueve condenados a penas de prisión, quienes alegan que el magistrado no es imparcial para resolver los recursos de amparo presentados ante el Constitucional y que, de continuar en esta causa, se verían vulnerados el derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a un juez independiente.

También el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó otro incidente de recusación contra Narváez, a quien acusa de haber perdido la imparcialidad necesaria para decidir sobre el recurso presentado contra la orden de detención que tiene pendiente en base a lo dicho por el magistrado en esa misma conferencia.

Según las fuentes, la admisión a trámite supone que se paralicen todos los procedimientos en los que interviene el magistrado mientras se resuelven las recusaciones y eso tiene otras consecuencias, porque implica que la resolución de los recursos contra la sentencia del Supremo se dilate al menos un par de meses.

Por tanto, precisan las fuentes, los recursos se paralizan hasta que no culmine la tramitación de las recusaciones. Se estima, que la resolución no llegue hasta mediados del próximo año.