Las defensas del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como de otros cuatro funcionarios de la Policía Nacional acusados de cometer irregularidades durante la investigación de una supuesta trama corrupta en torno al empresario Bartolomé Cursach, han pedido este lunes en el juicio la nulidad de base de las pruebas.

Los seis acusados se enfrentan a penas que suman 576 años de cárcel por detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.

En la primera sesión del juicio, el abogado de Penalva y Subirán, Javier Barinaga, ha solicitado la expulsión del procedimiento de los mensajes del grupo de WhatsApp en el que los acusados comentaban las investigaciones al empresario mallorquín, absuelto junto a una quincena de procesados en un juicio celebrado el pasado año en la Audiencia de Palma.

Durante su intervención en el trámite de cuestiones previas, Barinaga, en línea con el resto de las defensas, ha pedido la absolución de sus clientes al considerar que durante la instrucción de esta causa se vulneraron "gravemente" varios derechos fundamentales.

Además del exjuez del Juzgado de instrucción 12 de Palma, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, se sientan en el banquillo de los acusados el inspector jefe José Luis García, el subinspector Miquel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.

Barinaga ha denunciado la contaminación "completa" de toda la instrucción del caso Cursach y, entre otros puntos, se ha referido a que Bandera entregó su teléfono móvil sin antes ser asistido por su abogado. En este grupo de WhatsApp en el que participaban los acusados, se hallaron mensajes incriminatorios de la investigación, que se encontraba bajo secreto sumarial, y que presuntamente demostraría las filtraciones a periodistas.

La defensa, además, ha acusado al fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, de dirigir la investigación contra los instructores del caso Cursach "por atrás". "Juega un papel muy importante en esta causa. Intervino en las instrucciones que ahora se nos atribuyen como deficitarias y luego intervino por detrás", ha apuntado el letrado.

Barinaga ha cuestionado la investigación iniciada por el juez Miguel Florit y con Carrau como fiscal, cuando ya se había admitido a trámite una querella contra él por el espionaje ilegal a periodistas que cubrían la investigación a Cursach, y ha defendido la inhabilidad del fiscal Tomás Herranz, que ejerce de acusación en este proceso.

Por su parte, el abogado Álvaro Martín, defensa del que fue inspector del Grupo de Blanqueo, José Luis García, se ha adherido a las cuestiones previas de Barinaga. "Si declaramos nula la intervención contra los periodistas, se debe anular esta investigación y dictar una sentencia absolutoria", ha aseverado.

En la misma línea, el abogado Pedro Horrach, exfiscal Anticorrupción, en defensa de otro de los policías acusados, ha exigido la nulidad todo el procedimiento por vulneración derechos fundamentales y "el uso de medios de prueba nulos para acceder a nuevas fuentes de prueba".

El abogado de la inspectora Blanca Ruiz Alfaro, que también ha reclamado la nulidad de las actuaciones, ha explicado en su turno que el móvil de su representada no fue precintado hasta ocho horas después de que lo entregara, de modo que se vulneró la cadena de custodia.

Por último, el fiscal Herraz ha solicitado la declaración de dos nuevos agentes como testigos y ha aportado un informe pericial sobre las filtraciones que se produjeron a periodistas, después de alegar que no eran cuestiones secretas.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La vista oral por estos hechos ha arrancado este lunes en Palma con el planteamiento de las cuestiones previas durante esta jornada y el 7 de junio. El tribunal retomará este juicio el 22 y 23 de junio con la declaración de los acusados y se prevé que el juicio concluya el próximo septiembre.

El juez y el fiscal, en la actualidad jubilados tras ser apartados del caso Cursach por las denuncias de filtraciones y otras irregularidades, se enfrentan a peticiones de penas de prisión que suman casi 240 años.

El juicio está condicionado por la repercusión que tenga sobre las pruebas recabadas y la anulación de varias actuaciones con las que el magistrado que sucedió a Penalva en la instrucción, Miguel Florit, intentó constatar la filtraciones a medios de comunicación de datos recogidos en la causa cuando aún estaba declarada bajo secreto.

El TSJIB admitió los recursos interpuestos por Europa Press contra las órdenes de registro, requisa de teléfonos móviles y ordenadores y entrega de registros de llamadas ejecutadas por la Policía en las sedes en Palma de la agencia de noticias recurrente, del Diario de Mallorca y de la Agencia EFE, y contra los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre.

El alto tribunal regional aplica así la resolución del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado que consideraba que se había vulnerado el derecho de los periodistas al impedirles impugnar las medidas que se aplicaron sobre ellos sin tener la condición de investigados.

La Fiscalía también ve ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró responsables de un supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que acabó sobreseída.

El juicio por las presuntas irregularidades durante la instrucción del caso Cursach continuará el miércoles, cuando el resto de acusaciones planteen ante el tribunal sus cuestiones previas.