La solicitud de investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por parte de la Audiencia Nacional ha ensombrecido la presentación del Plan de Recuperación organizado por parte de Moncloa este miércoles.

La noticia ha sorprendido en filas del Ejecutivo, que había reunido a los principales agentes económicos para presentar el plan con el que piensan vehicular los fondos europeos que deben servir para afrontar la recesión económica provocada por la covid-19 en nuestro país.

Según se ha conocido, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castillo, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por el conocido como "caso Dina" por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delitos.

Este nuevo revés judicial llega después de que hace tan solo tres semanas a Iglesias se le hubiese devuelto la condición de perjudicado en la investigación, que tiene como punto de partida el robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham en 2015. Una tarjeta, que según se ha conocido durante este recorrido judicial, Iglesias consiguió retener en 2016 y la retuvo un año, cuando se la devolvió inoperativa a Dina.

Según señala ahora en sus escritos el magistrado de la Audiencia Nacional, Iglesias supuestamente habría recibido el 20 de enero de 2016 por parte del director del grupo Zeta, Antonio Asensio, la tarjeta de memoria original de su exasesora, donde se almacenaban archivos personales y de carácter íntimas. El juez señala en el auto que el vicepresidente segundo del Gobierno se quedó la tarjeta "sin decírselo a su propietaria" aunque eran personas muy cercanas.

En la solicitud que ha presentado este miércoles al Tribunal Supremo Manuel García Castellón expone las claves que han hecho tomar esta decisión. La petición viene porque Iglesias está aforado y solo el Alto Tribunal es competente para juzgar a los aforados.

Perjudicar a medios de comunicación

El líder de Podemos, relata García Castellón, habría visto una "oportunidad" en este supuesto robo, después de que apareciera una copia de los datos del móvil en casa del excomisario de Villarejo y diversos medios de comunicación difundieran informaciones que esos archivos contenían. En concreto, el juez señala el periódico del periodista Eduardo Inda, 'Okdiario', como uno de los medios contra el que el líder de Podemos habría intentado perjudicar "tratando de simular falsariamente una conexión entre el medio digital y la desaparición del teléfono".

Rédito electoral

Esto, habría servido para elaborar una calculada estrategia política, con la única intencionalidad de lograr "rédito electoral", señala el titular del Juzgado, al intentar vincular este robo con una supuesta operación orquestada por la "policía patriótica" contra Podemos en los años que gobernaba el Partido Popular.

Falta de conexión

El juez sí que considera que las conversaciones e imágenes publicadas pudieran suponer una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad de Dina, pero recalca que Iglesias era consciente de que "ni había hurto ni conexión entre la sustracción y publicación".

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Se presenta como víctima

En este sentido, García Castellón, afirma en el escrito que ha dado a conocer este miércoles que precisamente por este motivo los hechos denunciados son una "consciente y planificación actuación falsaria desplegada por Iglesias con su personificación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía que era inexistente pocas semanas antes de unas elecciones generales" que presentan "como un encargo realizado del PP al excomisario Villarejo".

En manos de Sánchez

De confirmarse su imputación por parte del Tribunal Supremo, la pelota quedaría en el tejado de Pedro Sánchez. Aunque esta noticia ha sido una sorpresa para los dos partidos que componen el Gobierno, hasta ahora el presidente admite "no estar preocupado" aunque ha mostrado su respeto a esta decisión judicial. De momento, los ataques contra esta decisión han venido por destacados líderes de la formación morada, que creen que la Justicia va con “la artillería que haga falta” para arrollar a Podemos. Porque contra ellos "vale todo".