Justicia no recurrirá la nacionalidad española concedida a una niña apátrida

El Ministerio de Justicia no recurrirá la sentencia dictada por la Audiencia de Gipuzkoa que otorgó la nacionalidad española a una niña de seis años nacida en Marruecos durante el tránsito migratorio hacia la Península de su madre camerunesa.

La defensa de la pequeña temía que la Abogacía del Estado llevara el caso al Supremo, ya que recurrió una primera sentencia favorable a la menor de un juzgado donostiarra, pero fuentes de Justicia consultadas por Efe aseguran que no se va a formular recurso de casación.

Será así una decisión firme y abre una vía para que otros menores apátridas logren la nacionalidad española.

En una decisión judicial inédita, la Audiencia de Gipuzkoa confirmó a mediados de mayo la resolución que le había concedido la nacionalidad a la menor para evitar que "permanezca en el limbo de la apatridia", atendiendo a las especiales circunstancias del caso, así como al "interés superior del niño consagrado en las normas internacionales y nacionales".

Rechazaba el recurso presentado por la Abogacía, que consideraba que no se podía otorgar la nacionalidad de origen a la menor porque no había nacido en España, y rechazaba también la posibilidad de aplicarle el artículo que permite otorgarla en supuestos en los que la filiación no resulte determinada, porque en este caso era conocida la filiación respecto de la madre.

Según sostenía la Abogacía, no se vulneraban los derechos fundamentales de la niña, garantizados en la Constitución para todos los extranjeros, y no es cierto que el Estado español esté obligado a reconocerle la nacionalidad en virtud de los tratados internacionales firmados si no se cumple la legislación nacional.

La pequeña en el centro de esta batalla judicial reside desde agosto de 2018 en San Sebastián, tras llegar en patera con su madre a las costas andaluzas.

Su madre había abandonado Camerún y había dado a luz en Marruecos, en una casa particular y sin acudir a las autoridades ante el temor a perder a su bebé por encontrarse en situación irregular.

Y en esa situación siguieron ambas en España, donde la mujer inició un periplo administrativo y judicial en defensa de los derechos fundamentales de su hija, para que pudiera acceder al sistema sanitario y educativo en igualdad de condiciones con otros menores.

Al no tener nacionalidad ni documentación identificativa, era imposible que la menor cruzara fronteras y viajara a Marruecos o a Camerún para realizar los trámites necesarios para regularizar su situación.

Su caso fue analizado este jueves en una jornada sobre menores en tránsito organizada por la Fundación Profesor Uría, donde el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra subrayó la necesidad de que más audiencias provinciales se pronuncien en la misma línea que la de Guipuzkoa.

Según destacó, la citada resolución es aplicable a todos los menores apátridas y la situación en las que se encuentran estos migrantes nacidos en tránsito "son casos de injusticia reparables".

Por su parte, uno de los abogados que ha llevado el caso, José Alberto Navarro, daba ya por supuesto que tendrían que "seguir peleando" judicialmente.

Consideró que es un "problema" que en España y Europa haya menores que no tienen acceso a sus derechos fundamentales y destacó que los jueces hacen "lo que buenamente pueden" a la espera de que el sistema de una respuesta a esta problemática.

A su juicio, el derecho a la nacionalidad "es la llave para acceder a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad".