Junts reclama el apoyo de los grupos que conforman el Congreso para que el Gobierno traspase a Cataluña las competencias para la gestión de funcionarios de administración local, alegando que actualmente existen muchas plazas vacantes sin cubrir, lo que genera una "fuerte" carencia de asistencia profesional en muchos municipios.

En concreto, el diputado de Junts Josep Pagès i Massó ha presentado una proposición no de ley, que se debate este martes en la sesión plenaria de la Cámara Baja, en la que solicita modificar la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local para añadir una disposición en la que, "coordinada con el Estado", Cataluña convoque exclusivamente para su territorio las plazas para personal funcionario, así como la asignación del primer destino y las situaciones administrativas.

El texto manifiesta que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL), mediante la adición del artículo 92 bis, significó una centralización absoluta del régimen de funcionarios previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La normativa de 2007, según recalca Junts, fue una "auténtica descentralización" de estas competencias. "Se facultó a las comunidades autónomas a desarrollar su régimen jurídico y gestión: creación, clasificación, supresión, oferta pública de empleo, selección, provisión y situaciones administrativas", argumenta. En estos cuatro años, Cataluña convocó 423 plazas.

EXPERIENCIA "CORRECTA Y EXITOSA"

Sin embargo, la entrada en vigor de la norma de 2013 consumó la recentralización de la regulación completa en materia de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal al Estado y el consiguiente "desapoderamiento" de las comunidades autónomas de cualquier competencia en relación a estos funcionarios, excepto las competencias de carácter estrictamente ejecutivo, "acabando con una experiencia que se había demostrado correcta y exitosa", al menos en algunas autonomías.

La formación catalana insiste en que Cataluña ha resultado "gravemente perjudicada" por esta recentralización, con carencia de secretarios, interventores y tesoreros que es más "acuciante" en los municipios de las zonas más despobladas de la comunidad, donde se agudiza el fenómeno de desprofesionalización de las funciones.