La Audiencia Nacional juzga a partir del lunes al acusado de enviar en 2022 seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa o a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid, entre otras instituciones, unos hechos por los que afronta una petición de 22 años de cárcel.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la sección tercera de lo Penal ha programado el inicio del juicio el próximo lunes 13 de mayo y se han convocado tres días para su celebración.

En él, la Fiscalía solicitará 22 años de cárcel para el acusado, un hombre de 74 años que fue detenido en Burgos, por los delitos de terrorismo y fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, así como una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar la carta que envió allí el acusado.

Según las fuentes consultadas, la acusación por terrorismo ha dado prioridad a la hora de señalar el juicio.

Al acusado se le atribuye el envío entre el 18 y el 21 de noviembre de 2022 de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La Fiscalía cree que el acusado, "contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones", elaboró dichos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos).

Según el ministerio público, la finalidad era "lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española".

En abril del año pasado, el juez que investigó el caso, José Luis Calama, dejó en libertad a este funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert ("sobre" en ucraniano).