La jueza Pilar de Lara ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CPGC) que la apartó del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo.

La jueza, instructora de operaciones tan mediáticas como la Carioca, la Pokemon o el caso Garañón, ya presentó en su momento recurso ante el Tribunal Supremo en contra de esa sanción por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, aunque fue desestimado.

El letrado que la representa, Agustín Azparren, explicó a EFE que parte del recurso se fundamenta en una prueba que no fue admitida en las instancias previas, en concreto la declaración de dos inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en relación con su cambio de criterio, muy significativo, con respecto a la actividad en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.

Según el abogado, ambos inspectores hicieron referencia en inspecciones previas, concretamente en los años 2013 y 2014, a la enorme carga de trabajo que soportaba ese juzgado, pero también al esfuerzo de la propia Pilar de Lara para sacarlo adelante. Sin embargo, en el año 2018, en una inspección extraordinaria cambiaron radicalmente de criterio.

Por ello, se solicitó la declaración de ambos inspectores, para que explicasen ese cambio de criterio tan brusco, porque prácticamente pasaron a echarle la culpa a ella de los retrasos y de todo lo que sucedía en el Juzgado.

Sin embargo, esa prueba no fue admitida ni en el Consejo General del Poder Judicial ni por el Supremo, lo que, a su juicio, provoca indefensión y vulnera sus derechos fundamentales.

Por otra parte, el recurso también incide en el hecho de que el pleno del CGPJ está compuesto por los mismos miembros que la comisión disciplinaria, de modo que las mismas personas que se la impusieron, resolvieron el recurso formulado por Pilar de Lara en contra de esa sanción.

El recurso de alzada, precisó, fue analizado por los veinte miembros del pleno del CGPJ, entre los que se encontraban los siete miembros de la comisión disciplinaria que le impusieron la sanción y que por lo tanto no eran imparciales.

Además, en el recurso también se hace constar que es el parlamento el que elige a los vocales del CGPJ, cuando la normativa europea establece que, al menos la mitad, del órgano de gobierno de los jueces debe ser elegida por los propios jueces.

En pocos meses se sabrá si el recurso es admitido a trámite, dijo Azparren. Si fuese adelante, sería un paso adelante muy importante, porque el 95 % de los recursos son desestimados.

Si finalmente fuese rechazado, la jueza está dispuesta a llegar con su caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, anticipó el letrado.