La juez que investiga a cargos políticos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña por supuestamente hinchar facturas en el mantenimiento de los vehículos del cuerpo atribuye a los siete imputados los delitos de corrupción, malversación, prevaricación y falsificación de documento público.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pese a que los siete investigados, entre ellos el director general de Prevención y Extinción de Incendios hasta el pasado mes de junio, Manel Pardo, y su sucesor, Joan Delort, estaban citados el próximo viernes en el juzgado de instrucción 14 de Barcelona, las declaraciones se han suspendido, sin que por el momento se haya fijado una nueva fecha.

La causa, que deriva de una denuncia interpuesta por la Fiscalía en noviembre pasado contra varias personas vinculadas al cuerpo de los Bomberos de la Generalitat, está abierta por los delitos de corrupción, malversación, prevaricación y falsificación de documento público, según ha detallado el TSJC.

Entre los imputados también figura el responsable de la empresa contratista en Cataluña, la sevillana Iturri, Eduardo José Díaz.

El Departamento de Interior sostiene que no hay "ningún indicio" de que altos cargos de los Bomberos de la Generalitat se hayan beneficiado económicamente de los contratos del cuerpo que investiga la justicia, pero admite "episodios de insuficiencia de crédito" por "disfunciones" en los procesos de licitación.

El Departamento de Interior atribuye las irregularidades investigadas a "disfunciones" en los procedimiento de licitación y de mantenimiento de los vehículos que, aseguran, en los últimos cinco años han producido "de manera recurrente episodios de insuficiente de crédito".

El 3 de mayo de 2021, en la etapa de Miquel Sàmper al frente de Interior, la secretaría general de esta consellería abrió una información reservada, que se cerró el 21 de mayo -cinco días antes de la toma de posesión del conseller Joan Ignasi Elena y apenas dos semanas antes de que lo hiciera Delort al frente de los Bomberos- y se decidió enviar el expediente a la Fiscalía y a los Mossos d'Esquadra.

Tras una "evaluación inicial" de la situación, la consellería adoptó varias medidas "urgentes", entre ellas resolver el contrato con Iturri al prever el "agotamiento inminente" del crédito, redactar los pliegos del servicio para 2022, con un 46 % más de presupuesto, y encargar una auditoría de la facturación.

En noviembre, se adjudicaron cuatro contratos simplificados, uno de ellos a una empresa distinta a Iturri.