El juez que investiga el caso Tsunami, Manuel García-Castellón, ha preguntado a la Fiscalía y al resto de acusaciones si procede dictar órdenes de busca y detención contra los imputados que no se presentaron el miércoles en el juzgado de Barcelona para declarar por videoconferencia.

No es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; del empresario Oriol Soler, miembro del "estado mayor" del 1-O; o de Josep Lluís Alay, asesor el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuyas citaciones se aplazaron.

Respecto a los dos primeros, el magistrado pide a sus defensas que anuncien si están en disposición de asistir a la citación que pueda fijarse en la última semana del mes de mayo o la primera de junio; y respecto a Alay, solicita a su abogado que informe sobre su estado de salud.

La consulta sobre si proceden órdenes de busca y captura afecta, por tanto, al exconseller de ERC Xavier Vendrell, que vive entre España y Colombia; al dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra; al escritor y empresario gerundense Josep Campmajó; y al periodista Jesús Rodríguez, todos ellos en Suiza, desde donde el magistrado no permitió que declarasen por no alargar el procedimiento.

La providencia dictada por el magistrado no afecta, por el momento al informático Jaume Cabaní, que tampoco se presentó a la cita judicial y cuyo paradero todavía se está tratando de localizar.

La única que sí se presentó ante el juez el miércoles la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, que ha quedado en libertad tras una breve comparecencia en la que ha defendido que el independentismo no es un movimiento violento. EFE

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