Una interventora municipal ha avalado la legalidad e interés público de las subvenciones por las que está investigada la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aunque ha admitido que en 2019 recomendó que las ayudas se adjudicaran a través de los presupuestos para reforzar su control político.

Según han informado fuentes jurídicas, la interventora delegada del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha declarado este martes como testigo ante el juez que investiga la querella que presentó contra Colau la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, que la acusa de otorgar subvenciones arbitrarias a entidades afines como el Observatorio DESC o la PAH.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, la interventora ha defendido la legalidad "administrativa y presupuestaria" de las subvenciones, que ya el Ayuntamiento venía otorgando desde la etapa del convergente Xavier Trias, y ha reconocido que, de haber observado algún ilícito penal en las mismas, su obligación habría sido comunicarlo al Ministerio Público.

Eso sí, la funcionaria ha admitido que en su informe de fiscalización de esas subvenciones del año 2019 hizo varias observaciones -que no reparos, lo que habría forzado la paralización de los expedientes- en las que recomendaba que las ayudas se incluyeran en los presupuestos.

Y, de hecho, así lo hizo el equipo de Gobierno de Colau en el ejercicio inmediatamente posterior a esas observaciones, el de 2020 puesto que el presupuesto anterior era una prórroga de las cuentas de 2018, han añadido las mismas fuentes.

En concreto, en su informe fiscalizador la interventora recomendaba incluir las ayudas en los presupuestos municipales, de forma nominativa, dado que las subvenciones eran recurrentes, tenían interés público y estaba justificada la no concurrencia.

También observó la interventora que, teniendo en cuenta que el 75 % de las subvenciones otorgadas iba destinado a sufragar al personal de las entidades receptoras, debía estudiarse la posibilidad de tramitar los pagos a través de una licitación con concurrencia pública, de acuerdo con la ley de contratos.

Sin embargo, la gerencia del área de servicios sociales analizó la situación y descartó que las subvenciones otorgadas respondieran a una relación contractual que sí exigiría licitación pública.

La testigo ha apuntalado además uno de los argumentos que esgrimió Ada Colau en su declaración como investigada, al confirmar que la alcaldesa no promovió ninguno de los expedientes de subvenciones investigados sino que fueron aprobados por la comisión de gobierno, a diferencia de su predecesor, Xavier Trias.

La interventora, que también tiene asignada la fiscalización del área de Patrimonio del ayuntamiento, ha añadido que las subvenciones investigadas no eran las únicas que se adjudicaban de forma directa, sino que también se concedieron otras por ese procedimiento a entidades como Cruz Roja o Cáritas.

La Fiscalía Anticorrupción ya archivó en julio del año pasado otra denuncia contra Colau presentada por Abogados Catalanes por la Constitución por las subvenciones municipales, que el Ministerio Público considera es "en un 99,9 %" igual a la que ahora investiga el juzgado.

De hecho, el Ministerio Público se ha opuesto a las nuevas diligencias que los querellantes han solicitado al juez instructor, entre ellas varios documentos y un informe policial sobre las subvenciones.