La sección cuarta de la Audiencia de Bizkaia ha condenado a penas de inhabilitación al exalcalde de Karrantza José Luis Portillo y a un ex alto cargo del Gobierno vasco Martín Ascacibar, ambos del PNV, además de otras cuatro personas, como responsables del concurso de acreedores de la sociedad que iba a construir una planta de purines.

La resolución, hecha pública hoy, ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao que en marzo de 2017 declaró "fortuito" el concurso de la fallida planta de purines de Karrantza, cuya sociedad promotora creada con dinero público quebró tras lograr subvenciones por más de 10 millones de euros, sin llegar a terminar el proyecto.

Además de esta causa mercantil, sigue abierto otro procedimiento penal.

El juzgado absolvió inicialmente a los promotores de esa planta que se proyectó para solucionar los residuos ganaderos en la localidad de Las Encartaciones, si bien la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Abogacía del Estado y el administrador concursal de la sociedad Karrantzako Minda, la promotora de la planta.

Los condenados son seis administradores de la sociedad que iba a construir la planta, tres ganaderos y tres políticos: el exdirector de Innovación del departamento de Agricultura del Gobierno Vasco por el PNV, Martín Ascacibar; el que fuera alcalde de Karrantza José Luis Portillo y el exconcejal José Ignacio Muro, ambos también del PNV.

La Audiencia vizcaína ha reprochado ahora su actuación y ha declarado culpable el concurso de acreedores de la compañía y les condena a dos años de inhabilitación y pagar de manera solidaria 485.724 euros, más 1.772.279 euros adicionales si una de las ingenierías implicadas no asume esta cantidad.

La resolución fija un plazo de veinte días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El tribunal repasa en su resolución cómo ocurrió la quiebra de la citada sociedad constituida hace una década a iniciativa del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia para solucionar el problema medioambiental que suponían el excedente de los purines de la cabaña ganadera de Karrantza, "haciéndolo a través de una sociedad en la que participaran ganaderos del valle, cuyo compromiso era imprescindible" para que el proyecto saliera adelante.

La sociedad compró un primer terreno para la ubicación de la planta, si bien no resultó adecuado y no se pudo utilizar por riesgo de contaminación, y el juzgado de lo Mercantil dijo que la decisión se tomó "tras varias actuaciones de la Administración pública que avalaron la idoneidad" de dicho terreno, por lo que no podía imputarse por ello a la sociedad promotora.

Sin embargo, la Audiencia ha considerado acreditado que la compra de ese terreno agravó la insolvencia de la sociedad y retrasó la puesta en marcha del proyecto ya que demoró las obras para la edificación de la planta, y ha considerado "grave" se compraran unos terrenos "sin exigir avales técnicos imprescindibles como un estudio geológico".

Además, ha reprochado que ese terreno fuera propiedad de personas que guardaban relación con el proyecto, en concreto un miembro del Consejo de administración de la sociedad.