El juicio al 'procés' no terminará en el Tribunal Supremo. El objetivo último de los líderes independentistas es llegar a Estrasburgo y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falle que el suyo fue un juicio político carente de garantías. Así lo ha reivindicado, por ejemplo, el exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras, que a preguntas de su abogado dijo que se le juzgaba "por sus ideas y no por sus hechos".

Desde un inicio, los partidarios de la independencia se han referido a España como un Estado represivo en el que se persigue a los ciudadanos por sus convicciones políticas. Sin embargo, los doce acusados lo están por haber quebrado presuntamente la ley para celebrar un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional, así como por proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña con el rechazo frontal de toda la oposición.

La Justicia española está siendo examinada con lupa por los países del entorno comunitario, como pone de manifiesto el interés que sus principales medios de comunicación han manifestado por el juicio. A modo de ejemplo, el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' apuntaba que el proceso será "una prueba de fuego para la democracia española". También el británico 'The Guardian' describía el juicio como "el más importante desde el retorno de la democracia". Una apreciación compartida por el periódico estadounidense 'The Washington Post'.

En el horizonte se perfila el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya eficacia es limitada porque no corrige ni revoca sentencias, solo sanciona violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, no entraría a valorar si concurrió o no el delito de rebelión. Analizaría si se produjeron violaciones de derechos fundamentales como el de defensa o el de reunión. 

Por eso es imprescindible que el proceso se desarrolle, como cualquier otro, en exquisitos términos de respeto a la legalidad, pues de lo contrario se abriría la puerta a que los acusados fuesen indemnizados por el Estado o a una repetición del juicio.

España ya ha sido condenada por Estrasburgo. En una sentencia sancionó el "trato inhumano" recibido por dos etarras que atentaron en la T-4 de Madrid-Barajas en 2006. También le dio la razón al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegui, cuando denunció la parcialidad de una magistrada de la Audiencia Nacional en el juicio por la reconstrucción de Batasuna.

Pero también le ha otorgado victorias significativas. Entre ellas, la que avaló que no se computen los años de cárcel cumplidos en Francia por tres etarras, retrasando su excarcelación. En ese caso, el tribunal dijo que España no vulneró los artículos 7 -no hay pena sin ley- ni 5.1 -derecho a la libertad y a la seguridad- del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

En octubre, además, rechazó la demanda presentada contra España por una ciudadana que fue miembro de la junta electoral formada en septiembre de 2017 para poner en marcha el referéndum. El Tribunal Constitucional había acordado imponer multas coercitivas diarias a los miembros de las sindicaturas si tomaban posesión de sus cargos.

El Estado de Derecho es consciente de que los ojos están posados en él. Como apuntó el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, al inicio de las sesiones: “La Sala va a ser muy flexible en los tiempos, no se vayan a sentir coartados ni limitados en su capacidad argumental. Esto está inspirado en el Tribunal de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dan, incluso, menos tiempo”.