La solicitud del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al Tribunal Supremo para que investigue a Pablo Iglesias en el llamado “caso Dina” pilló con el pie cambiado a La Moncloa, en medio además de la puesta de largo por el propio Pedro Sánchez del plan de Recuperación. De momento, el entorno de Pedro Sánchez resolvió esperar acontecimientos.

Fuentes gubernamentales consultadas por la Cadena COPE confiaron en que la petición de García Castellón carezca de recorrido judicial, aunque en ningún caso ocultan su impacto y la trascendencia del escándalo en su derivada política. La posible imputación de Iglesias sería un golpe, quizás letal, para la coalición de Gobierno, un elemento al menos de enorme desgaste, aunque colaboradores del Presidente descartan que vaya a ocurrir esa circunstancia.

De hecho, desde lo más alto de la cúspide monclovita siempre le han restado trascendencia a esa causa, dada incluso por amortizada. Con todo, de confirmarse las acusaciones contra el líder de Podemos por los delitos de revelación de secretos con la agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito, “el Presidente tomaría decisiones”. En un hipotético escenario de un Pablo Iglesias imputado, su permanencia en el Gobierno, al frente de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, quedaría desechada por imposible, descontaron colaboradores de Sánchez.

La última palabra, en efecto, sería de Pedro Sánchez. Su criterio de verse en la peor de las tesituras, siempre según esas fuentes, pasaría por ofrecer a Iglesias un recambio de su elección de la cuota de Unidas Podemos. Su relevo que, a todas luces, podría recaer en Irene Montero, actual ministra de Igualdad. “Dependería de él”, acotaron en despachos de La Moncloa donde apelaron reiteradamente a la prudencia. Y junto a ello, de cara a la galería, “presunción de inocencia y respeto a la Justicia”, apuntaron. Es doctrina oficial del presidente del Gobierno.

Ahora bien, voces del Ejecutivo interpretaron de puertas adentro que el salto dado por el magistrado García Castellón “está cogido con alfileres” tanto en el fondo como en la forma del procedimiento judicial que, por cierto, señala también a la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, y a los letrados Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo, así como a la propia Dina Bousselham y a su marido. El giro dado descolocó igualmente a la órbita del líder de Podemos, prestos a recordar de inmediato que hace apenas unas semanas le fue devuelta por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la condición de perjudicado, después de que un informe policial alejase al vicepresidente del delito de daños informáticos.

El entorno de Pablo Iglesias, aún impostando una relativa tranquilidad, habló enseguida del intento de Manuel García Castellón de destruirles con “la artillería que haga falta”. Y ello en medio de un suma y sigue de acusaciones de distinta índole de saltarse a la Audiencia Nacional y a la fiscalía porque “contra Pablo Iglesias y contra Podemos vale todo”.