La huelga de los transportistas no da visos de remitir cuando vive ya su segunda semana. Esta tensión sigue erosionando la situación en las cadenas de suministro de varios sectores, lo que ha generado preocupación entre los consumidores ante el desabastecimiento de determinados productos.

Este paro indefinido se ha convertido ya en un problema de Estado que requiere de una actuación urgente por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Es por esto que asociaciones como Aecoc, Aces, Anged, Aedas, Cooperativas Agro-Alimentarias y Fiab han considerado en un comunicado conjunto que es “inaplazable poner fin a esta situación que está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos”.

Ante este contexto ya hay empresas que ya han decidido parar su actividad. Otras, como Danone y Nestlé, o cerveceras como Heineken y Mahou también han anunciado que tendrán que secundar este paro en las próximas horas si no se alcanza una solución.

Mientras el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos sigue sin ofrecer una solución a los transportistas por el alza del precio de los combustibles y del gasóleo, ha decidido adelantar a este jueves la reunión con el área de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) que estaba prevista para el viernes.

Pero esta no es la única causa por la que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, una organización nacional de pequeños y medianos transportistas, sigue manteniendo el paro. Repasamos en COPE.es algunas de sus reivindicaciones.

¿Cuáles son las exigencias de los transportistas?

La principal demanda de los convocantes es prohibir la contratación de los servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación. Estiman que la referencia del importe del coste lo seguirá fijando el Observatorio de Costes que publica el Ministerio de Transportes, con una actualización mensual. Además, cada una de las partidas que detalle deberá de recoger aquellas sanciones de la Comisión Nacional de defensa de la competencia por su incumplimiento, siendo el Ministerio de Hacienda el árbitro de que estas medidas se cumplan.

Asimismo, reclaman limitar la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista, así como establecer un plazo de pago máximo a 30 días por los servicios de transporte. Del mismo modo, denuncian la aplicación de medidas encaminadas a prohibir por ley la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos, con sanciones en función de los importes que recoge la normativa laboral para las empresas incumplidoras.

Sobre este último asunto, los transportistas piden la aprobación de un Decreto Ley que obligue y limite las labores de carga y descarga de los camiones en un tiempo máximo de una hora desde su llegada o desde la hora pactada. Otra de sus reivindicaciones es la erradicación de la creación de conductores en falsos autónomos por parte de grandes empresas, que de manera paralela a sus actividades principales utilizan el modelo cooperativista para tal fin.

Que el tacógrafo controle todas las horas en las que prestan servicio los transportistas, incluyendo las de paralización, y el control del cabotaje para que las empresas extranjeras que operan en España cumplan los regímenes del país, son otras de las exigencias.

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También hacen referencia a la seguridad vigilada por parte del Estado en áreas de descanso y polígonos industriales con el objetivo de garantizar el correcto descanso y seguridad de los conductores y la correcta custodia de vehículos y mercancías. Para ello proponen la creación de nuevas áreas de descanso que den respuesta al flujo actual de vehículos. Desde la plataforma denuncian que “es inadmisible que se estén imponiendo sanciones por sobrepasar los tiempos de conducción, cuando el motivo de dicho exceso, viene motivado por la falta de lugares seguros para el inicio de los descansos diarios”.

Una de sus últimas reivindicaciones aboga por el 'no' al pago por la utilización de infraestructuras a las empresas de transporte nacionales. Una demanda que justifican por “todo el gravamen que soporta una empresa de transporte española”, con lo que consideran que “ya paga sobradamente la partida correspondiente al mantenimiento de las infraestructuras que se utilizan”.