El Partido Popular y Ciudadanos se quedaban solos en el Congreso de los Diputados en su defensa de prisión para quienes convoquen o participen en la organización de un referéndum ilegal como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La proposición de Ley Orgánica presentada por el Partido Popular era rechazada, sin abstenciones, por 176 votos en contra y 165 a favor.

El PSOE, Unidos Podemos, PNV, independentistas y nacionalistas han votado en contra y han coincidido en acusar de electoralismo al PP por haber llevado al Pleno una iniciativa de modificación del Código Penal para castigar con penas de tres a cinco años de cárcel a los organizadores de referendos ilegales.

La propuesta del Partido Popular no era nueva. En 2003, durante el segundo mandato de José María Aznar ya se reformó el Código Penal ante el desafío secesionista que planteó en el País Vasco el Plan Ibarreche, que pretendía que los ciudadanos vascos decicieran su futuro mediante la convocatoria de consultas contrarias a derecho y que esas consultas se resperatan por el resto de comunidades autónomas y por el resto de pueblos de Europa. 

Esa reforma de 2003 introdujo penas de prisión e inhabilitación para la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para ello. También penalizaban a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas. Castigaba, también, con pena de prisión a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos. Esa reforma fue revocada por Zapatero a su llegada al poder, pero no fue recuperada por Rajoy ni durante su primer mandato con mayoría absoluta.

¿Guiño del PSOE al indepdentismo de cara al 28-A?

El encargado de defender la postura del Partido Socialista en el Congreso ha sido Juan Carlos Campo Moreno, quien sostenía desde la tribuna  de oradores que el ordenamiento jurídico ya tiene "mecanismos suficientes para defender el orden constitucional" y criticaba que la iniciativa popular no refuerza el Estado de derecho. "El problema está en que no terminan de entender que el Código Penal cumple una función constitucional que nadie puede eludir, pero no es un elemento para arrojar al adversario político".

 

��@Jccampm, al #PP: Ni con esta iniciativa se refuerza el Estado de Derecho, ni nuestras instituciones. Nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para defender el orden constitucional cuando se contraría la Carta Magna. pic.twitter.com/4r7Un5AHm4

— PSOE Congreso (@gpscongreso) 19 de febrero de 2019

Según Campo Moreno, el Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha trazado las líneas de la ley al soberanismo catalán, pero nunca ha abandonado la posibilidad de llegar a un consenso y diálogo con los nacionalistas. "Dialogar no es ceder, es la obligación de todos los demócratas", defiende el diputado socialista, que reprocha al PP que la iniciativa de penalizar las consultas ilegales sea una muestra de "su debilidad y su manera de hacer política".

 

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��@Jccampm: Dialogar no es ceder. Consensuar no es entregarse al enemigo. Es una obligación de todo demócrata: dialogar para resolver los problemas y buscar una España en la que quepamos todos, y no arrojando el Código Penal. pic.twitter.com/Fdj6Huwqrx

— PSOE Congreso (@gpscongreso) 19 de febrero de 2019

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