El juicio al 'procés' arranca este martes. En el horizonte, casi tres meses de vistas que se celebrarán los martes y jueves de 10:00 a 18:00 horas. Será después de las elecciones de mayo cuando previsiblemente se dicte sentencia.

1. ¿QUÉ SE JUZGA?

• Los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los independentistas aprobaron las llamadas "leyes de desconexión" para celebrar el referéndum.​

Fue entonces cuando cruzaron la línea roja en su desafío al Estado. El Parlamento autonómico aprobó la Ley del Referéndum sin los votos de Cs, del PSC y del PP, cuyos diputados abandonaron el hemiciclo. El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y sus consejeros firmaron el decreto de convocatoria, que el Tribunal Constitucional anuló sobre la base de que Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación. De acuerdo con la ONU, solo tienen reconocido este derecho los territorios en casos de colonización, violación de los derechos humanos o guerra, lo que explica que ninguna constitución democrática del mundo lo ampare.

La Mesa del Parlamento también tramitó, con el rechazo frontal de la oposición, la "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república". Se trataba de la principal norma de desconexión con el Estado que establecía un periodo provisional para regular el tránsito entre la Cataluña autonómica y la independencia. 

• La manifestación alrededor de la Consejería de Economía del 20 de septiembre.

La Guardia Civil detuvo a catorce organizadores del referéndum, entre ellos una decena de altos cargos de la Generalidad, y registró los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalidad. Se produjo entonces el acoso a la comitiva judicial que estaba registrando la Consejería de Economía. El operativo se desplegó a primera hora de la mañana y hasta pasada la medianoche los Mossos d'Esquadra no dispersaron a los manifestantes, que rompieron cristales, realizaron pintadas y dañaron la tapicería de los coches en los que se habían desplazado los agentes del instituto armado. 

• El referéndum prohibido del 1 de octubre.

El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum independentista. La Policía y la Guardia Civil se desplegaron por la comunidad con cargas policiales sobre los votantes. Según el Gobierno autonómico, el 90% apostó por el "sí". Los constitucionalistas decidieron no participar en la votación por ser ilegal.

• La declaración de independencia del 27 de octubre.

El Parlamento, en ausencia de la oposición, declaró la independencia de Cataluña. Por entonces, el Senado respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno de la nación destituyó a Puigdemont y a los miembros de su Ejecutivo.

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2. ¿QUIÉNES ESTÁN ACUSADOS?

Entre los acusados se encuentran nueve exconsejeros, la expresidenta del Parlamento autonómico y dos dirigentes de movimientos sociales. El principal ausente será Carles Puigdemont, que lideró el proceso hacia la independencia, pero que se fugó de la acción de la justicia. En su misma condición de rebelde está Antoni Comín, exconsejero de Sanidad; Meritxel Serret, exconsejera de Agricultura; Lluis Puig, exconsejero de Cultura; Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza; Marta Rovira, exdiputada y secretaria general de ERC; y Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.

Tampoco se sentarán los miembros de la Mesa del Parlamento acusados solo por desobediencia. Se trata de Lluis María Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya, que serán juzgados por el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC).

Los que sí se sentarán en el banquillo son:

3. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE SEDICIÓN Y REBELIÓN?

La mayoría de los dirigentes están acusados de delitos de rebelión y/o sedición, así como de malversación. Solo Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs están imputados por desobediencia y malversación.

El tipo de sedición castiga “el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fueza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Se castiga con hasta quince años de prisión. Según la Fiscalía, el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 es constitutivo de este ilícito penal.

El delito de rebelión consiste en el “alzamiento violento y público con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Se pena con hasta treinta años de prisión. Según la Fiscalía, también se castiga a aquellos que provoquen, propongan y conspiren para que se cometan ambos delitos.

4. ¿POR QUÉ LA ABOGACÍA DEL ESTADO PIDE PENAS MÁS BAJAS QUE LA FISCALÍA?

Mientras que para el Ministerio Público el procés fue la "crónica de una rebelión anunciada" porque la mayoría de acusados sabía que se podía desatar la violencia y aún así no hizo nada para impedirla -pone como ejemplo, entre otros, el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalidad-, las defensas sostienen lo contrario. Abogan por el clásico concepto de rebelión como una insurrección armada -al estilo del 23-F-, algo que, según los querellados, no se produjo.

En su escrito de acusación, la Abogacía del Estado -que depende del Ministerio de Justicia dirigido por Dolores Delgado- se desmarcó de la Fiscalía y donde antes apreciaba violencia, ahora acusa por "una actitud hostil". Renunció así a acusar por el delito de rebelión y pasó a pedir penas por sedición y malversación. Esta actuación se ha interpretado como un gesto de Pedro Sánchez hacia los independentistas, sostén de su Gobierno.

5. ¿QUIÉNES SON LOS TESTIGOS MÁS DESTACADOS?

Los cargos políticos abundan en la lista de alrededor de 600 testigos que desfilarán por el Tribunal Supremo. La mayoría son nombres de políticos catalanes, ya se trate de diputados nacionales o autonómicos, consejeros u otros cargos del Parlamento. Pero también será llamado el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Del mismo modo, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el exnúmero dos de Interior José Antonio Nieto o  el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. 

Entre los cargos catalanes destaca Roger Torrent, presidente del Parlamento autonómico; Pere Aragonés, vicepresidente del Ejecutivo, Artur Mas, expresidente de la Generalidad; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Joan Tardá y Gabriel Rufián, diputados nacionales de ERC.

6. ¿QUIÉN INTEGRA EL TRIBUNAL?

Un tribunal formado por seis hombres y una mujer, y presidido por Manuel Marchena -magistrado de perfil conservador que renunció a presidir el CGPJ tras la polémica por el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces-, será el que dirima la responsabilidad de los dirigentes independentistas acusados. De todos los magistrados, dos pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura -calificada de conservadora-, dos más a Jueces y Juezas para la Democracia -considerada progresista-, uno a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y los otros dos no están asociados.