La Guardia Civil no aprecia "mala voluntad" en los responsables de los acuartelamientos donde se han detectado irregularidades en la adjudicación de obras, sino desconocimiento técnico, y ha achacado a "conductas individuales" y no generalizadas en el cuerpo del llamado caso Cuarteles, aunque si se determina alguna responsabilidad en ellos se actuará con "contundencia".

Así lo ha señalado en la Comisión de Interior del Congreso el teniente general jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, Arturo Espejo, quien ha dejado claro que el instituto armado "no ha escondido nada" en este caso y ha trabajado desde el primer momento para esclarecer los hechos.

De hecho, ha dejado claro que la Guardia Civil es la "primera interesada en depurar las acciones contrarias a la ética profesional", y ha indicado que las investigaciones iniciadas por el Servicio de Asuntos Internos estuvieron coordinadas con el Mando de Apoyo.

"Desde que en 2017 se detectaron los primeros indicios de posibles irregularidades, la Guardia Civil no ha dejado de trabajar para investigar lo sucedido, corregir conductas anómalas, adoptar medidas correctivas y poner los hechos a disposición judicial, sin esconder nada", ha recalcado el general no sin antes subrayar la "firmeza" del cuerpo contra la corrupción interna.

Y ha añadido que las deficiencias detectadas en algunas obras "en su inmensa mayoría no son achacables a una mala voluntad de los responsables de los acuartelamientos, sino al desconocimiento técnico del que adolece algunos de ellos en materia de obras".

Pero eso no impide que "si tras el resultado de las investigaciones se concreta que deben tomarse medidas disciplinarias, se actúe con la contundencia necesaria", ha apostillado.

De todos modos, ha dejado claro que "aún así, no se puede hablar de ninguna manera de conductas generalizadas".

Ha añadido, no obstante, que "en aquellos casos que se haya contado con la participación o connivencia de algún responsable de la Guardia Civil, con prevalencia de su cargo, para cometer actividades ilícitas, será la justicia la que determine el castigo que le corresponde, para lo cual la Guardia Civil no está ahorrando esfuerzo para aportar las pruebas necesarias".

Precisamente, está imputado en esta causa el que fuera responsable de la Subdirección General de Mando de Apoyo, el general Pedro Vázquez Jarava. Otros dos miembros del cuerpo están siendo también investigados.

FACTURAS CON GRAVES FALLOS EN FECHAS Y LUGARES

Espejo ha explicado que aunque el caso se ha conocido en 2023, desde 2017 la Guardia Civil había empezado a tomar medidas para investigar los casos irregulares después de que la Jefatura de Apoyo Económico detectara un "llamativo incremento de contratación de obras y una dispersión geográfica de las mismas en favor de un grupo de un mismo empresario", Angel Ramón Tejera de León, alias Mon.

Las sospechas se dirigían a que alguien del cuerpo pudiera estar implicado en conductas anómalas y, por eso, se puso en conocimiento de Asuntos Internos.

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Desde 2017 a 2021 se realizaron más de cien visitas por parte de nueve técnicos a varios acuartelamientos de las comandancias afectadas y en ellas se comprobó una "errónea confección de facturas con graves fallos en fechas y en la denominación" de los espacios donde se llevaron a cabo las obras, ha relatado el general Espejo.

Asimismo, se detectaron "deficiencias" en la ejecución de las obras por una "errónea definición" de las mismas.

El general ha querido dejar claro que se trata de "hechos aislados contrarios a la ética e ilícitos" que "no se pueden extrapolar al conjunto de la institución".

Y ha apostillado: "El que se salga del código de conducta, de cualquier rango o empleo, sabe muy bien que se enfrenta al imperio de la ley, pero también a nuestra historia, nuestra tradición y nuestra dignidad".