La Dirección General de Residuos y Educación Ambiental del Govern de Illes Balears ha presentado 19 alegaciones al anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), entre las que se encuentra que la recaudación sobre los envases de plástico desechables sea gestionada por las autonomías.

Según ha informado este miércoles en un comunicado la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, otras de las principales demandas es que los objetivos de reducción de residuos que plantea el proyecto estatal sean los mismos de la Ley 8/2019 de Residuos y Suelos contaminados de Baleares, "más ambiciosos que los que propone" el Ministerio.

Así, se reclama aumentar hasta un 20 por ciento el objetivo de reducción de residuos para 2030, en lugar del 15 por ciento que propone el Estado. Además, se pide avanzar, a julio de 2021, la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad de la recogida separada de las fracciones de biorresiduos, textil, aceites de cocina usados, poda y residuos peligrosos domésticos, que tienen que ir a cargo de las entidades locales.

Por otro lado, otro aspecto de la ley balear de residuos que se propone al Estado que adopte es el de la prohibición de los productos alimentarios en monodosis y los utensilios desechables en los establecimientos del sector Horeca. Esta prohibición se ampliaría a la venta, distribución y uso de platos, cubiertos, vasos y bandejas alimentarias hechos con material no compostable desechable. En este sentido, la Dirección General ofrece que Baleares pueda ser el escenario de pruebas piloto relacionadas con la puesta en marcha de las medidas más ambiciosas que ya contempla la normativa balear.

La falta de garantías en términos de dotación económica para cumplir con los objetivos centra otras alegaciones presentadas por la Conselleria. Así, por ejemplo, se reprocha que el impuesto especial sobre los envases de plástico que prevé el Anteproyecto de Ley no sea finalista y se pide, en este sentido, que se rectifique y se asegure que la recaudación de este tributo se destina a medidas ambientales directas, como, por ejemplo, la reducción de impuestos a los modelos de negocio más respetuosos con el modelo de reducción de residuos y fomento de la economía circular, además de dotar de recursos a las comunidades autónomas para el cumplimiento de la Ley. Se reclama, además, que el pago por generación sea obligatorio para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, se han reclamado medidas relacionadas con la necesidad de garantizar la disponibilidad datos fiables, de ámbito estatal y autonómico, para poder verificar el cumplimiento, por parte de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, de los objetivos marcados.

La ampliación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAPE) es otra de las alegaciones. En este sentido, se pone como ejemplo la Ley balear de Residuos, que prevé desarrollar sistemas de recogida selectiva de productos de cápsulas de café, mecheros o maquinillas de afeitar, además de añadir otros que ya se han implantado en otros lugares como productos de higiene íntima, colchones o juguetes, entre otros. En relación con el RAPE previsto para el textil y los plásticos agrícolas se alega que entren en vigor en un plazo máximo de dos años una vez entre en vigor la Ley y no en cinco, como se expone en el anteproyecto.

Finalmente, la Conselleria reclama al Estado que solucione, en un plazo máximo de seis meses, las carencias actuales en cuanto a la regulación de las subvenciones al transporte marítimo de residuos, "un problema que ya ha supuesto un gasto de seis millones de euros al Govern, que se ha visto obligado a asumir el gasto por el transporte de los residuos de Formentera".

En este sentido, el director general, Sebastià Sansó, ha incidido en que la Ley estatal de 2011 "establece de manera clara e inequívoca que la Administración del Estado establecerá medidas que financien el sobrecoste del transporte marítimo y no lo ha hecho". "Ahora toca asegurar que nos devuelvan los seis millones de euros y que, de cara al futuro, asuman el sobrecoste que supone para Formentera", ha concluido.