Poco que decir ante la larga cambiada. El Gobierno siempre creyó asegurados los respaldos en las Cortes a su paquete de iniciativas llamadas “ideológicas” hasta que se le ha atragantado una ley, y no una cualquiera, la de Memoria Democrática. El Ejecutivo ha sufrido un tropezón grave, forzado a parar en seco su pretendida rauda tramitación ante la falta de votos necesarios.

Con ERC y EH-BILDU en contra de la norma, por poco ambiciosa, el proyecto chocaba de frente contra el muro de la aritmética y ha quedado frenado de inmediato. El golpe ha venido a mostrar el talón de Aquiles de la minoría gubernamental con una de las principales banderas de la izquierda que debía servir para marcar perfil, de pegamento de la mayoría de la investidura y, descontado, para situar al PPjunto a Vox.

En función de su estrategia, el Gabinete aspiraba a sacar adelante la Memoria Democrática, pero, sin los números de su lado, el revisionismo histórico de Pedro Sánchez tendrá que aguardar junto a toda su carga simbólica tiempos mejores en las dependencias de la Carrera de San Jerónimo. El Gobierno defiende que “sin prisas” el debate seguirá su recorrido parlamentario en ponencia, comisión y pleno, pero difícilmente puede permitirse un varapalo con esa ley, “no con la Memoria Democrática”, admiten en el Grupo Socialista.

El proyecto de cuño gubernamental heredado por Félix Bolaños de manos de Carmen Calvo puede quedar irremisiblemente congelado ante la ausencia de acuerdo entre los grupos de la mayoría de la investidura, habida cuenta además de la exigencia de ERC de modificar la ley de Amnistía de 1977. Palabras mayores hasta para el propio Sánchez. Jugar con una clave de bóveda de la Transición sólo ha servido además para tensar la propia coalición, obligado el ala socialista a reconocer la falta de efectos penales de una hipotética subrogación de la ley de Amnistía al derecho internacional pactada vía enmienda con sus socios de Unidas Podemos. La acción simbólica para agradar a los morados indignó a los independentistas.

Tras el ruidoso fracaso, el Ejecutivo vende ahora que la prioridad no es ideológica, sino económica. Sobre todo porque Sánchez tiene ante sí emprender la travesía de los dos años que resta para agotar la Legislatura. Y ello en medio de la euforia desatada en La Moncloa que exhibe el aval de una mayoría muy holgada a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Con la ley aprobada de facto, a falta de su paso ahora por el Senado, Pedro Sánchez dispone de oxígeno suficiente para aguantar hasta finales de 2023 puesto que las cuentas públicas podrían prorrogarse el próximo año y llegar así a la antesala de las elecciones generales.