El Gobierno establece por ley un límite de 45 años para desclasificar automáticamente información de alto secreto

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de información clasificada en el que se establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, con una posible prórroga de otros 15 años.

Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha detallado que esta nueva ley viene a sustituir a la norma de secretos oficiales del franquismo, que se aprobó en 1968, y ahora se remitirá al Congreso para que inicie el trámite parlamentario.

En cualquier caso, Bolaños ha detallado que para la información clasificada como alto secreto el plazo para desclasificarla automáticamente será de 45 años, con una posible prórroga de 15 años más, mientras que para la documentación de secreto serán de 35 años con prórroga de 10 años más.

Para la documentación clasificada como confidencial tendrá que estar desclasificada en un plazo entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga, y para la información restringida será un plazo entre 4 y 5 años, sin posibilidad de prórroga.

'Alto Secreto', 'Secreto', 'Confidencial' y 'Restringido'

Se establecen cuatro categorías de información clasificada: Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido.

La competencia para clasificar y desclasificar información será exclusiva del Consejo de Ministros —a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros— en el caso de 'Alto secreto' y 'Secreto' y de un número "tasado y reducido" de autoridades en las categorías de 'Confidencial' y 'Restringido'.

La información clasificada antes de la entrada en vigor de esta ley se desclasificará automáticamente transcurridos 45 años o más desde su clasificación.

Además, las personas que puedan justificar un interés profesional en esta información —como investigadores, periodistas o historiadores— estarán legitimados para solicitar su desclasificación una vez vencido el plazo de clasificación.

También se fortalece el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada a través de la Comisión parlamentaria constituida a este efecto.

Hasta 2,5 millones de multa si se desvela información clasificada

La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves.

El proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

Se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Con esta norma -indican desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños- España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada. De hecho, países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley.

Según ha señalado el ministro Bolaños, con esta norma se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción por la Democracia y se asume una de las recomendaciones que sistemáticamente viene haciendo a España la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho, de cara a mejorar el acceso ciudadano a la información y, en particular, a documentos oficiales.

Con independencia de estos plazos, la información clasificada será revisada periódicamente para comprobar si sigue afectando a la defensa o a la seguridad nacional, y en el caso de que no afecte se podrá desclasificar cualquiera que sea el momento en el que se produzca dentro del plazo.

"Esto se puede hacer de oficio y también a petición de algún ciudadano que tenga interés personal o interés profesional", ha señalado Bolaños, quien ha indicado que con esta ley superan "una rémora" de la legislación española, dado que están con "una ley preconstitucional que proviene de la dictadura de 1968" y se ponen "en estándares europeos".

El PNV saluda la nueva Ley de Secretos, pero avisa de que "está lejos" de sus demandas

La portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Maribel Vaquero, ha valorado positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la nueva Ley de Información Clasificada, aunque ha advertido de que el texto, en una primera lectura, "todavía está lejos" de las aspiraciones de su formación.

"Es una buena noticia, que por fin, aunque sea tarde, esta ley vaya a llegar al Congreso de los Diputados y vayamos a poder debatir sobre ella", ha afirmado Vaquero en la Cámara Baja.

La diputada nacionalista ha recordado que su formación lleva pidiendo una reforma de la legislación sobre los secretos oficiales "casi diez años", y ha subrayado su papel en la apertura del debate parlamentario. "Si el PNV no hubiera estado detrás con las con cuatro proposiciones de ley que hemos presentado, esto no hubiera sido una realidad", ha recalcado.

Pese a mostrar cautela hasta conocer el contenido en profundidad, Vaquero, ya ha adelantado que su grupo será "propositivo" y planteará enmiendas al texto.

En todo caso, la portavoz del PNV ha reiterado que se trata de una noticia positiva: "Acabamos con una ley franquista y lo que hacemos es dar transparencia y ayudar a la verdad, y que los hechos que han ocurrido hace ciertos años, y sobre todo en la Transición y lo que es la primera parte de la democracia, se puedan conocer".

Bildu exige acabar con el "silencio" de los hechos graves ocurrido en Euskadi

Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, considera que si la nueva ley sigue la misma línea que la presentada en 2022 sería "insuficiente" porque los plazos que se marcaba eran "excesivamente largos". Se refería así, desde el Congreso, al anteproyecto de ley que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2022, pero que acabó decayendo por el adelanto electoral del 23 de julio de 2023.

"Hay que esperar a conocer el texto del documento, pero el de 2022, nos pareció totalmente insuficiente", ha comentado, incidiendo en que incluía plazos de desclasificación "excesivamente largos" que permitían mantener "el silencio y la impunidad más absoluta sobre situaciones muy graves que se han vivido en Euskal Herria".

ERC LO VE BIEN

Preguntado por esta misma cuestión, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que esta nueva ley de secretos oficiales "está bien", aunque también ha deslizado que es "una buena cosa para dejar de hablar de según qué".

"Al final se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23F, que igual come en Abu Dabi", ha apostillado, en referencia a la ciudad donde actualmente reside el rey emérito Juan Carlos I.