PSOE y Unidas Podemos tienen prisa para tramitar la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno ha pedido a última hora de este miércoles al Congreso la tramitación urgente de la proposición de ley que limita las atribuciones del CGPJ con mandato judicial, después de que en las últimas horas se constatase la falta de consenso para renovar un órgano que lleva dos años en funciones.

Lo habitual hasta ahora era que los dos grandes partidos del Congreso— PP y PSOE— pactasen su renovación, pero en esta ocasión todo apunta a que no va a ser posible. El PP ha puesto como condición que Unidas Podemos no influya en la elección de los jueces, unórgano, afirman los populares, sobre el que Pablo Iglesias y su partido han atacado en diversas ocasiones.

Esta nueva polémica se suma a la controvertida ley registrada en octubre por PSOE y Podemos que buscaba reformar las mayorías necesarias para renovar los vocales del turno judicial del CGPJ. Una medida que ha sido cuestionada por las principales asociaciones judiciales, partidos de la oposición y que miran con recelo en Bruselas.

Después de casi dos meses

En una llamada telefónica hecha el martes, Sánchez ha vuelto a constatar esta falta de apoyo que tiene en esta materia. Sánchez telefoneó a Casado a última hora para desbloquear la renovación de los principales órganos constitucionales, tales como la dirección de RTVE, el Defensor del Pueblo y el CGPJ.

Con esta llamada telefónica, Sánchez y Casado volvieron a hablar tras casi dos meses— 55 días, en concreto— en la que los responsables de los principales partidos de España no habían mantenido ningún tipo de contacto. Fuentes conocedoras de la llamada realizada desde Moncloa han destacado que la llamada de 45 minutos fue "cordial", pero no ha servido para desbloquear la situación de dichos órganos.

La urgencia de tramitar la ley

Esta falta de consenso, argumentan desde el Gobierno, es lo que ha provocado que ahora el Ejecutivo quiera tramitar las atribuciones del CGPJ por vía urgente. En la práctica, esta tramitación se traduce en reducir prácticamente a la mitad los plazos para completar el proceso parlamentario.

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La idea que ambos socios de coalición tienen es que en enero la Comisión de Justicia esté habilitada para abordar el cambio legislativo, lo que supone que en febrero, o a más tardar mazo, el Gobierno pueda tomar el control del CGPJ. De esta forma, además, la reforma de este órgano sortearía el periodo de inactividad en el que la Cámara entrará en enero, cuando finaliza el actual periodo de sesiones.

Con este nuevo paso que han dado PSOE y Unidas Podemos, además, los partidos de la oposición también van a ver cómo se reducen los plazos para presentar enmiendas. En el caso que ambos reciban el visto bueno de la Mesa del Congreso, que es lo previsible, ya que el Reglamento tan solo exige que la proposición de ley sea solicitada "a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados", los grupos de la oposición solo dispondrán de una semana, y no de quince días, para presentar enmiendas a esta nueva ley.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sido uno de los primeros en salir en defensa de esta medida. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha subrayado que "nunca una tramitación de urgencia estuvo más justificada" ante la negativa del PP a renovar la cúpula del Poder Judicial y ha calificado como "urgente" acabar "con la anomalía constitucional".

Respuesta de los jueces

El CGPJ, sin embargo, no tiene intenciones de quedarse de brazos cruzados ante este calendario que ha marcado el Gobierno. Después de que el martes se tomase en consideración la proposición de ley del Gobierno que limita la designación de nuevos jueces estando en funciones, este jueves el CGPJ prevé llevar a cabo al menos tres o cuatro nombramientos de los 30 que todavía están pendientes por hacer.

Además, el órgano de los jueces estudiará dos escritos relativos a esta proposición de ley para dar una respuesta unitaria, la segunda que darán al Gobierno en esta legislatura. De momento, el CGPJ tienen dos escritos encima de la mesa. El primero de ellos propone que el CGPJ recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre esta proposición de ley y el segundo, que va más hacia el fondo, propone que el CGPJ examine la proposición de ley sin dar más detalle.