La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que el nuevo marco fiscal que diseña el Gobierno incluirá un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades y la implantación de un nuevo impuesto a la banca cuya recaudación se destinará a la Seguridad Social.

En declaraciones a varios medios de comunicación, la ministra ha dicho que Hacienda trabaja "intensamente" en este marco fiscal y en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que partirán de un techo de gasto más alto que los de este año, aunque no ha querido concretar el porcentaje de incremento. Como todas las medidas fiscales que están estudiando no se podrán incluir en los Presupuestos -dado que algunas figuras son de nueva creación-, la ministra ha dicho que se irán enviando los proyectos de ley al Congreso para que puedan ser tramitados y entren en vigor el año que viene.

Montero ha asegurado que la nueva fiscalidad tiene que dar respuesta a los retos que plantea la tecnología, la globalización y la economía colaborativa "que no han encontrado encaje en la fiscalidad tradicional" y que en algunos casos están generando una competencia desleal al contribuir al fisco en menor medida que otras actividades. Por ello, ha explicado que el Gobierno socialista hace suya la propuesta de su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, para poner en marcha la llamada "tasa Google", el impuesto sobre los servicios digitales.

Sobre el tipo mínimo de sociedades, ha dicho que es necesario establecer un tope a partir del cual las empresas no puedan aplicarse mayores deducciones, porque en la actualidad el tipo nominal (25 %) está lejos del tipo medio efectivamente pagado (en torno al 12 %).

Respecto a la nueva imposición a la banca ha reconocido que no espera que el sector lo reciba "con agradecimiento" y ha explicado que se trata de una manera de colaborar a la recaudación de la Seguridad Social, cuyos ingresos deberían también mejorar a través de la subida de salarios.

En el ámbito medioambiental, la ministra ha dicho que se están estudiando las propuestas formuladas por el Ministerio para la Transición Ecológica para recoger "las que sean razonables". Ha explicado que no tendrán afán recaudatorio, porque los recursos que aportarían no serían significativos, sino que se trata de diseñar medidas para proteger el medio ambiente con mayores gravámenes a productos contaminantes por ejemplo, aunque no ha aclarado si eso incluiría la equiparación de la imposición del diésel a la de la gasolina.

RECHAZO DE LA BANCA Y LOS EMPRESARIOS

 El Círculo de Empresarios y la patronal bancaria AEB se han mostrado enseguida muy críticos con los cambios fiscales que propone el Gobierno de Pedro Sánchez. Algunas entidades como el BBVA han advertido de que podría acabar encareciendo el crédito, mientras el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, explicó recientemente que la banca no puede arreglar el problema de las pensiones que, en su opinión, requiere de "soluciones integrales". Esta misma idea ha sido trasladada hoy desde la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), al advertir de "los posibles efectos colaterales" que una mayor carga tributaria puede suponer para la economía española en su conjunto, en términos de riqueza, empleo e inversión. No obstante, el nuevo impuesto a la banca no se podría incluir en los Presupuestos Generales de 2019, ya que se trata de una figura tributaria de nueva creación que requiere un proyecto de ley que debe ser tramitado en el Congreso.

También la denominada tasa "Google" o impuesto a los servicios digitales debería requerir el mismo tratamiento. Montero ha explicado que se requiere una nueva fiscalidad que dé respuesta a los retos que plantea la tecnología, la globalización y la economía colaborativa "que no han encontrado encaje en la fiscalidad tradicional" y que en algunos casos están generando una competencia desleal al contribuir al fisco en menor medida que otras actividades. La respuesta más inmediata ha llegado de Telefónica y de su directora de Finanzas, Laura Abasolo, que ha dicho que no ve "con malos ojos" este gravamen por considerar que puede servir como "catalizador" para adaptar la fiscalidad al mundo digital, pero ha defendido que se aplique de forma coordinada en la UE.

Otra de las posibles medidas de la ministra de Hacienda es establecer un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades para frenar las deducciones a las que se acogen las grandes empresas con beneficios. Considera necesario establecer un tope a partir del cual las empresas no puedan aplicarse mayores deducciones porque en la actualidad el tipo nominal (25 %) está lejos del tipo medio efectivamente pagado (en torno al 12 %). Durante la presentación de "El Barómetro de los Círculos 2018", el autor del informe, Miguel Iraburu, ha rechazado la reforma fiscal propuesta por la ministra, ya que -en su opinión- el problema no reside en los tipos fiscales, sino en la recaudación y ha advertido de que esta subida de los impuestos tendría dos consecuencias: disminuiría la renta disponible, con un efecto en la demanda interna, y reduciría la competitividad de las empresas. La reforma fiscal que propone el Gobierno también contempla gravámenes en el ámbito medioambiental, que no tendrían un afán recaudatorio sino más bien disuasorio, para proteger el medio ambiente, así como deducciones fiscales para las empresas que fomenten una política de igualdad efectiva.

Montero ha dicho que estos beneficios fiscales irían destinados a las empresas "que permitan una real conciliación y la incorporación de las mujeres a posiciones de responsabilidad, que es quizá el gran 'gap' (brecha) que tiene en este momento el sector empresarial". Con todas estas modificaciones fiscales, la ministra ha dejado claro que el techo de gasto de 2019 será más alto que el de este año, aunque no ha desvelado en qué porcentaje ni cuándo sería aprobado por el Consejo de Ministros.