La semana ha comenzado en el crónica política con la reunión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, tras la cual, los representantes de la delegación catalana han rebajado el optimismo del Gobierno respecto a las relaciones que pretenden establecer con los gobernantes catalanes.

La ministra de Política Territorial, que ha sido la encargada de encabezar la reunión por parte del Ejecutivo, ha expresado su optimismo, al finalizar la reunión, con la esperanza puesta en rebajar la tensión que existe entre ambas administraciones.

Por parte de la delegación autonómica catalana, los principales representantes han sido Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat, y Laura Vilagrá, Consejera de Presidencia del Govern, los cuales han calificado la reunión de "insuficiente" y descartan de modo alguno que este encuentro pueda ser un sustitutivo de la Mesa de diálogo y por tanto la manera de dar solución a la cuestión independentista.

Esta postura de los representantes del Govern choca con las declaraciones de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha catalogado el encuentro como "un éxito", en el que ha reinado, según sus palabras, un clima de construcción entre ambas administraciones.

La Generalitat mantienen intactas sus exigencias

Las exigencias más importantes por parte de la Generalitat se mantienen inamovibles: amnistía y autodeterminación. Por ello, los separatistas mantienen su intención de volver a reunirse con el Gobierno a la vuelta de vacaciones en la llamada Mesa de Diálogo que se celebrará en Barcelona y que está programada para el arranque del curso político el próximo mes septiembre.

En el encuentro celebrado en Madrid, según ambas partes, no se ha hablado sobre el reparto de los fondos europeos después de que el ejecutivo catalán rechazase participar en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se mantuvo el lunes en la ciudad de Salamanca, con el preciso objetivo de debatir este tema.

En otro orden de asuntos, en la conferencia se ha llegado por sorpresa a un gran acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, que en su día ya había propuesto a la Generalitat por el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que por aquel entonces la oposición de Ada Colau y los independentistas hizo que el proyecto no fructificase. Por lo que el Gobierno, con la intención de propulsar la recuperación económica en época pospandémica, asumirá la inversión de 1.700 millones de euros.

La transformación del aeropuerto de Barcelona convertirá el eje aéreo Madrid-Barcelona en uno de los más importantes del mundo. La inversión implicará la creación de más de 80.000 puestos de trabajos directos y hasta 365.000 indirectos. El plan será aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de septiembre y se unirá a la también planificada ampliación del aeropuerto de Barajas.

Otros puntos principales de la reunión versaban sobre el traslado de competencias al órgano autonómico, entre las más previsibles de que se produjesen, eran el traslado de la gestión de las becas educativas y el cercanías catalán, conocido como Rodalies, que actualmente está gestionado por el Estado. Para ello, se reactivará la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales y la Comisión sobre inversiones estatales en infraestructuras, donde se debatirán estos temas y demás transferencias.

Finalmente, la Generalitat catalana ha planteado hasta 56 exigencias, de diversas materias, que se traduce en una enorme batería de transferencias y traslados de competencias al ente autonómico por parte del Estado. Estas transferencias irían desde el traspaso de competencias en infraestructuras, como el control del aeropuerto de El Prat, en el ámbito educativo la gestión de becas, créditos y ayudas, o el control de los Mossos d'Esquadra en el ámbito del rural en detraimiento de la Unidad de la Guardia Civil, el Seprona.