La Fiscalía se ha comprometido este miércoles a estudiar la petición de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) que pide que se abra una investigación por si el Gobierno hubiera incurrido en "un presunto delito de prevaricación" , al no haber cobrado aún ayudas aprobadas en los presupuestos hace cinco años.

El vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, y su abogado, Ignacio Martínez, se han reunido este mediodía con la Fiscal de Sala Delegada en Materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el Proceso Penal, en la sede de la Fiscalía de Madrid, a quien ha trasladado esta petición.

Según Avite, en 2018 el Gobierno se comprometió a indemnizar a los afectados con 12.000 euros por cada punto de discapacidad, para ello reservó una partida orientativa de 20 millones y encargó al Instituto de Salud Carlos III un censo y un protocolo de reconocimiento.

El resultado del censo fue de 127 casos (73 son miembros de Avite y 54 no forman parte de la asociación) si bien la organización habla de una cifra que va de 1.500 a 3.000.

El asunto pasó al Ministerio de Asuntos Sociales que instó a Hacienda a elaborar un informe para que los afectados pudiesen cobrar pero el Ministerio de Hacienda alegó que esa cantidad era insuficiente. La partida aumentó en los presupuestos de 2023 a 35 millones.

Con esta situación enquistada, Avite ha argumentado su petición a la Fiscalía en que "el delito de prevaricación es aplicable cuando se dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta o contraria a la ley".

La talidomida fue un fármaco que se comercializó en los años 50 y 60 como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones.

La principal malformación que causó en los fetos fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.EFE

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